Después de que en Argentina, un juez ordenara que Uber fuera bloqueado del país, debido a que la compañía se negó a enviar a prisión a sus directivos locales, la empresa anunció que suspenderá indefinidamente su operación en Taiwán porque el gobierno local le impuso 48 multas por un valor total de 34 mil 320 millones de dólares, a lo que la compañía calificó como “una locura”.
La compañía no ha tenido las facilidades para operar en Asia, ya que los gobiernos locales imponen requisitos como su registro de empresa de transporte privado, pagar impuestos, o no interferir con los transportes públicos locales, motivo por el que Uber salió de China el año pasado, vendiendo su negocio a su rival, Didi Chuxing.
De acuerdo con Uber, “no ha sido una decisión tomada a la ligera”, por lo que dejará de dar servicio a partir del 10 de febrero, pese a que en cuatro años realizó en Taiwán más de 15 millones de viajes, y criticó al gobierno local por “no adoptar la innovación”.
Funcionarios de Taiwán consideran que la operación de Uber en la isla es ilegal, ya que la compañía solo tiene permiso para operar como “empresa de tecnología”, más no para proporcionar servicios de transporte.
Desde su llegada, Uber causó revuelo e indignación entre autoridades y empresarios del transporte, mientras la compañía intentó ignorar las preocupaciones regulatorias y siguió adelante ofreciendo servicio, pese a que sus conductores recibieron todo el tiempo multas injustificables de tránsito.
Entre septiembre de 2014 y enero de 2017, Uber acumuló cerca de 2.4 millones de dólares, pero a partir del 6 de enero Taiwán legisló nuevas leyes que penalizaban servicios como Uber, por lo que Uber volvió a acumular multas por 7.4 millones de dólares en solo dos semanas.
El ministerio de Transporte de Taiwán reveló que las autoridades están dispuestas a dejar operar a Uber, siempre y cuando esté dispuesto a ser regulado por el gobierno, pagar sus impuestos apropiadamente, así que pague seguro a sus conductores.
La nueva ley de Transporte de Carreteras de Taiwán, que entró en vigor el 6 de enero, elevó la multa máxima para operadores de servicios de transporte privado ilegal, de 4 mil 808 dólares a más de 890 mil dólares.
