Los países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) serán informados, durante una sesión extraordinaria convocada para este jueves, sobre la creciente gravedad de la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua.
Se anticipa que la sesión enfrentará de nuevo al gobierno del presidente Daniel Ortega, que en el pasado ha rechazado la intervención de la organización en sus asuntos internos, incluyendo la condena que hizo contra la represión oficial que ha dejado centenares de personas muertas.
La sesión fue solicitada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos, quienes han promovido algunas acciones como la creación de un Grupo de Trabajo para atender esa crisis y que fue declarado muerto por Nicaragua después de la votación mayoritaria.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, anunció que la vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, hará una presentación ante el Consejo sobre los resultados del trabajo de los dos mecanismos de la CIDH para Nicaragua.
“Ella reportará el informe final del #GIEI y las últimas informaciones de monitoreo del #MESENI”, señaló en su cuenta de Twitter.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) de la CIDH dijo el viernes pasado que en Nicaragua han ocurrido crímenes de lesa humanidad en el marco de la represión oficial desde abril pasado, que han dejado al menos 325 personas muertas.
En el informe de su trabajo de ocho meses, el GIEI llamó a ese gobierno a cesar la represión y el hostigamiento contra opositores y ciudadanos en general, así como investigar y destituir a funcionarios que han participado en violaciones de derechos humanos y disolver y desarmar a los grupos parapoliciales.
María Claudia Paz y Paz, una de sus integrantes, dijo en conferencia de prensa que la situación que impera en ese país es una de total impunidad, donde agentes del Estado y simpatizantes actúan violando los derechos básicos de las personas, con la anuencia de las autoridades.
El grupo tuvo que hacer la presentación de su informe en esta capital, después que el gobierno de Nicaragua ordenó su expulsión y la de los otros mecanismos de la CIDH en Nicaragua, acciones que condenó de manera categórica.
Asimismo, reiteró su preocupación por los obstáculos que el MESENI y el GIEI han enfrentado continuamente para llevar a cabo sus respectivos mandatos y el incumplimiento por parte de Nicaragua, de los acuerdos establecidos con ambos mecanismos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH).
La CIDH dijo que como resultado de la campaña sistemática de represión en los pasados ocho meses, 325 personas han muerto y más de dos mil han resultado heridas, en tanto más de 550 permanecen detenidas y enjuiciadas.
