La Diputada de Morena Paria Padilla Romo presentó en sesión de pleno una iniciativa de decreto que reforma los artículos 156 y 158 de la ley del Instituto de pensiones del estado de jalisco, (IPEJAL) en la que queda prohibido destinar, a través de cualquier acto jurídico, los inmuebles propiedad del Instituto a ningún ente público de los tres órdenes de gobierno. De igual manera se prohíbe destinar recursos a través de cualquier acto jurídico, en programas, proyectos, obras en construcción, obligaciones y responsabilidades a ningún ente público de los tres órdenes de gobierno, empresas para estatales, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados o desconcentrados, u organismos constitucionales autónomos.
«Lo que se propone es modificar los artículos 156 y 158 para prohibir que el dinero de los trabajadores se invierta en aquello que es responsabilidad del gobierno, sin importar si es el federal, el estatal o el municipal. Los recursos de los trabajadores no deben usarse ni en programas, ni en obra pública, ni en la construcción de infraestructura gubernamental, ni en financiar las obligaciones de fideicomisos, OPD, organismos autónomos o cualquier tipo de dependencia».
La legisladora recordó las polémicas inversiones que se hicieron en Abengoa, en la que se esperaban obtener rendimientos porque estaban encargados de construir El Zapotillo. O Chalacatepec, el capricho de un exgobernador, que iba a ser el Nuevo Cancún y hoy está abandonado. También el negocio de unos pocos, las Villas Panamericanas, donde además del grave daño ecológico que se está generando, todavía está en duda que los trabajadores siquiera puedan conseguir el retorno de inversión. «Hay un común denominador en estas historias: los trabajadores, y no por su consentimiento sino por decisiones políticas, salieron al quite con su dinero por las inversiones que eran obligación del Estado y terminaron desfalcados».
Criticó que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial no previeron en sus presupuestos los recursos para contar con la infraestructura que estas reformas les piden. Y ahora quieren que la culpa de su distracción la asuman los trabajadores, porque como es más importante gastar en la imagen pública del gobierno o en los privilegios de los juzgadores, pues entonces que los edificios se construyan con el dinero de otros.
Para finalizar, puntualizó que el organismo en la proyección de aportaciones y de compromisos adquiridos hasta 2029, enfrenta un déficit de casi 260 mil millones de pesos, y que además denunciaron un desfalco por 2 mil millones de pesos que no vemos por dónde se van a recuperar; y que ha reconocido que para 2027 se le va a acabar el dinero para pagar las pensiones. Por eso les invito a que vayamos poniendo condiciones para evitar que estas pensiones se sigan poniendo el riesgo.
