Por: Verónica Juárez Piña
La Cámara de Diputados aprobó la Minuta enviada por el Senado de la República para expedir la Ley Federal para la Regulación y Control de Cannabis, a fin de atender un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya discusión ya había sido aplazada cuatro veces por el Congreso de la Unión.
La sentencia de la SCJN contiene elementos científicos respecto a las condiciones del consumo, el daño que se genera en los usuarios y las consecuencias que tiene para la seguridad.
Históricamente, el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado la despenalización de la cannabis o mariguana con el objeto no sólo de respetar los derechos humanos que ha reconocido la Suprema Corte, sino porque la construcción de una política prohibicionista, a partir de una visión de seguridad pública militarizada y persecutoria ha provocado una escalada de violencia en nuestro país, generando miles de muertos.
Es por ello que hemos sostenido la necesidad de observar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un asunto de seguridad, lo cual no se ve reflejado en el dictamen aprobado. Este es un tema por el que el PRD ha luchado desde hace varios lustros.
Estamos convencidas y convencidos de que la criminalización en el uso de las drogas no contribuye a la construcción de una ciudadanía responsable ni disminuye los efectos del narcotráfico en la seguridad pública. En esta lucha hemos acompañado a organizaciones de la sociedad civil que, por la vía judicial, han presionado a la Suprema Corte de Justicia la cual, con altura de miras, se pronunció por el respeto a los derechos humanos de los consumidores y ordenó al Congreso legislar al respecto.
Si bien el PRD votó a favor del dictamen, desde nuestra perspectiva este no atiende completamente lo recomendado por la Corte que ordenó la reforma de los artículos 235 último párrafo, el 237, el 245 fracción I, el 247 último párrafo y el 248 de la Ley General de Salud.
El dictamen despenaliza el consumo personal, pero autoriza la posesión hasta por 28 gramos, estableciendo una gradación de sanciones administrativas y delitos del fuero común, siempre que no haya indicios de que se encuentre vinculado a delitos de delincuencia organizada, en cuyo caso, se considerará como delito.
Adicionalmente, en la Ley Federal que se expide, se prevé la atribución de una serie de funciones administrativas a la Comisión Nacional contra las Adicciones, desvirtuando su naturaleza jurídica y sin otorgarle los recursos necesarios para llevar a cabo estas nuevas tareas, comprometiendo las que ya realiza. Es por ello que, en este caso, debemos avanzar en la despenalización y no establecer mecanismos regulatorios que, por complicados, resultarán inútiles.
El PRD ha venido proponiendo la despenalización de la marihuana y de sus derivados con propuestas que plantean un cambio de paradigma al modelo prohibicionista insostenible por el gran sufrimiento humano que ha provocado y el aumento alarmante de la violencia en nuestro país, debido a la criminalización del consumo lúdico y médico del cannabis, truncando la vida de muchas familias, imponiendo a los consumidores penas de prisión que resultan desproporcionadas en condiciones penitenciarias a menudo terribles.
Se ha fomentado la corrupción policial y ministerial que, únicamente para alcanzar una condena, han sembrado pruebas en contra de quienes son inocentes; o que familiares de enfermos de cáncer, epilépticos o con esclerosis múltiple sean considerados delincuentes por el simple hecho de utilizar medicamentos elaborados a base de marihuana y/o sus ingredientes activos.
Además de todo lo anterior, no podemos dejar de mencionar que la penalización del uso de la cannabis ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a una política de prevención social más efectiva.
A pesar del avance de esta reforma, y partiendo desde la perspectiva que en un Estado social y democrático de Derecho, “no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”.
Las Diputada y Diputados del PRD respaldamos el dictamen toda vez que consideramos que contribuye a la regulación del consumo personal de la marihuana con fines lúdicos, esperando que pronto podamos avanzar decididamente en la despenalización total, como compromiso para garantizar los derechos consagrados en la Constitución y contribuir más ampliamente a reducir la violencia.
