El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Misión de Verificación en Colombia entregó hoy su último informe de 2018 sobre la implementación del Acuerdo de Paz en este país, informó la oficina del organismo internacional en Bogotá.
Los aspectos de la implementación del Acuerdo de Paz se refieren “a la reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC, sus garantías de seguridad y las de sus familias, así como las garantías para las comunidades más afectadas por el conflicto”.
En el informe, que cubre el período del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2018, se incluyen observaciones para continuar en la consolidación del proceso de paz en Colombia, durante los próximos años.
El informe reconoció que en el transcurso de los primeros 100 días de su Gobierno, el presidente Iván Duque manifestó reiteradamente su voluntad de continuar con el proceso de paz en el marco de un programa de gobierno más amplio enfocado en la equidad, la legalidad y el emprendimiento.
En el período de cubrimiento de la Misión de la ONU, se celebró el segundo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz y el secretario general, António Guterres, recordó que el pasado 24 de noviembre felicitó a los colombianos “por ese hito que constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que trabajan por la paz alrededor del mundo”.
Uno de los retos principales de la implementación es una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas “por el conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales”.
Guterres elogió al actual Gobierno por haber elaborado el plan «Paz con legalidad», el cual, a partir de instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), promete un esfuerzo amplio y articulado para estabilizar y desarrollar las zonas más afectadas por el conflicto”.
Este plan incluye “los compromisos adquiridos con las víctimas, las comunidades involucradas en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y los reincorporados. Subraya la urgencia de traducir estos nuevos planes en medidas eficaces que cambien las realidades sobre el terreno (…) el sueño de una paz duradera en Colombia depende de ello”.
El secretario general, en su informe, reiteró su gran preocupación debido a que “se siguen produciendo ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos”.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, “desde septiembre de 2018 se han presentado siete homicidios y otros 22 están en proceso de verificación, y desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos”.
El Informe también incluye su preocupación por el homicidio de 14 exmiembros de las FARC, lo que eleva a 85 el número desde la firma del Acuerdo de Paz.
Los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Esta situación requiere reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los excombatientes.
