Votamos en contra del dictamen de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco porque no considera la aplicación de los recursos públicos de manera eficiente en los rubros prioritarios que satisfagan las necesidades básicas de los ciudadanos expresadas ampliamente señaladas en esta tribuna.
Es decir, esta propuesta no hace más eficiente y menos costosa a la burocracia, sino que debilita a algunas instituciones fundamentales mientras aumenta su costo.
Contrario al principio de austeridad, en la iniciativa se propone que el Gobierno del Estado ejerza sus atribuciones a través de 29 dependencias u órganos de primer nivel, cuando actualmente se cuenta con 17 solamente. Por lo que buscan incrementar 12 dependencias. Ese es un aumento de 70 por ciento en el número de dependencias, lo cual implicará en un gravoso aumento de los recursos económicos, humanos, materiales y patrimoniales. Totalmente en contra de los deseos expresados por la ciudadanía y la tendencia nacional a reducir la burocracia y el costo de la misma.
El enorme engrosamiento de nómina en la administración pública centralizada como gasto principal, nos obliga a considerar inviable en la iniciativa planteada.
En relación a dichos cambios nos encontramos con nuevas figuras, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva en la que se pretende crear con funciones similares a las que actualmente desempeña el Instituto Jalisciense de las Mujeres, sin que exista un pronunciamiento respecto al destino de dicho organismo público descentralizado, lo que a todas luces representa un retroceso al empoderamiento y desarrollo de la mujer, ya que actualmente las políticas públicas a favor de este género, resultan insuficientes para garantizar una correcta inclusión en diversos sectores de la sociedad para un correcto funcionamiento, sin embargo la propuesta de iniciativa contempla centralizar dicha política pública limitando la actuación e intervención de otros entes que pueden maximizar los derechos de los sectores más vulnerables como lo es la mujer.
La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana propuesta, dentro de sus atribuciones, pretende duplicar funciones, al día de hoy la Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco hace lo relativo a promover, incentivar y encauzar la participación ciudadana y la intervención de los organismos de la sociedad civil.
Para la Secretaría de Administración, se pretende que la administración de los depósitos vehiculares públicos que actualmente le compete al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, pasará a manos de dicha secretaría, lo cual implicaría que lo recaudado con destino a la beneficencia social, pasará a la bolsa de la hacienda pública del estado, dejando a un lado el espíritu de asistencia social.
Sólo se deja ver una desmedida intención de fines recaudatorios y de discrecionalidad del gasto público.
La Consejería Jurídica, se aparta por completo del modelo federal, que busca en todo momento hacer eficientes los trámites jurídicos que se encuentran dentro de la esfera de su competencia, razón por la cual tan pronto la iniciativa local retome las directrices federales estaremos ciertos de que dotaremos de un mejor andamiaje institucional al Gobierno del Estado.
El dictamen que hoy se aprueba encarece la nómina, aumenta la burocracia, disminuye labores sustantivas en materia de derechos de la mujer, duplica funciones y no hay información clara en cuanto al presupuesto que requerirá. No podemos aprobar una ocurrencia, un dictamen incompleto y una carta abierta a sangrar el presupuesto a través de nómina.
