Por: Carlos Anguiano Zamudio
“Los ingleses se creen libres, pero se equivocan, porque sólo lo son durante las elecciones de los miembros del Parlamento; desde que éstas terminan vuelven a ser esclavos, no son nadie. Y en el corto tiempo de su libertad el uso que de ella hacen bien merece que la pierdan” Jean Jacques Rousseau.
Los ciudadanos claman por mayor poder de intervenir en las decisiones de gobierno. Nuestro tiempo muestra la tendencia a exigir participar en la selección de cada vez mayor número y de más alta calidad de cargos públicos. Nuevos liderazgos ciudadanos se auto proclaman con la legitimidad que le regatean y le niegan a los políticos. Son tiempos de descalificar a políticos y menospreciar a los servidores públicos, generalizando lamentablemente en su baja calidad moral y sesgando de manera arbitraria el desempeño, compromiso y capacidad de quienes detentan legalmente la autoridad y la representación social.
Sin duda alguna, que la sociedad se active y participe en enriquecer el análisis, la discusión, el debate y la priorización de las demandas comunitarias, ayuda y produce mejores resultados en las obras, programas y servicios del gobierno de cualquier nivel. Ha sido gracias a que los ciudadanos hicieron énfasis en ello, que las leyes cambiaron y los gobiernos debieron modificarse para permitir acceso público a la información, logrando en la vida real detonar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Pese a ello, el cauce ciudadano continúa abriéndose paso rompiendo paradigmas y traspasando los límites de la costumbre y el gobierno vertical que imperó como consecuencia de un modelo presidencialista rígido, y que al paso de los años colapsó abrumado por el descrédito, el hartazgo popular y la ilegitimidad que generaba.
La escala de la participación ciudadana es como se describe:
Nivel 1. Información: Acceso mediante un canal unidireccional en el que el gobierno facilita información de sus intenciones.
Nivel 2. Consulta: Consiste en la expresión de la ciudadanía, sin compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.
Nivel 3. Debate: Se da al aceptar propuestas de la ciudadanía, pero sin participar en las decisiones globales.
Nivel 4. Colaboración: En un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas, pero conducido por la administración.
5. Delegación: Cuando los ciudadanos tienen ámbitos en los que deciden de manera autónoma.
El proceso de empoderamiento del ciudadano en México ha avanzado a ritmo regular. Cada vez en mayor cantidad de gobiernos locales, se promueve la participación ciudadana consultándole la jerarquización de sus necesidades, la priorización de sus intereses comunitarios con miras a darles solución desde el gobierno formal. En algunos casos, incluso se les toma en cuenta para elegir partidas presupuestales destinadas a satisfacer a habitantes de cierta colonia o localidad. En otros, es la comunidad quien se encarga de supervisión y evaluación de obra pública, y en reducidos casos, incluso es la comunidad organizada quien administra la prestación de algunos servicios públicos.
El avance ha sido una experiencia enriquecedora, que ha brindado grandes satisfacciones y ha perfeccionado y mejorado el ejercicio político en el país. Hemos pasado de la no participación, a la participación simbólica y disfrutamos la realidad del poder ciudadano. Desde un punto de vista político, la participación es un elemento de gobernanza, dirigido a ganar legitimidad.
Sin embargo, la participación tiene que ver con devolver el poder a la ciudadanía, y ello nos sentencia que algo fallaba o sigue fallando: la confianza en la representación legal y el deterioro de la legitimidad que tienen nuestros gobernantes, lo cual preocupa, pues legitimidad junto con eficacia y estabilidad en el ejercicio del poder político, aparecen como componentes básicos de la gobernabilidad. Nuestro sistema político entró en grave crisis –a mi juicio- hacia el final del siglo XX, y ha sido la misma crisis el factor detonante de la agitación social, que propició para bien el despertar, la activación y el involucramiento de la gente en los asuntos públicos.
El crecimiento de la influencia social, coincidió con la pérdida de legitimidad y representación, así como con el deterioro de la imagen de los políticos, la pérdida de confianza en los partidos políticos y la ausencia de liderazgos políticos éticos que asuman un nuevo rol de interacción social en concordancia con la evolución de nuestra sociedad.
En cualquier contexto, es más esperanzador y deseable un futuro con una ciudadanía cívica activa. Sin embargo debemos cuidar abrir las puertas falsas que en el camino aparecen. Debilitar sin justificación a los gobernantes disminuye y obstaculiza el ejercicio de la autoridad que la misma sociedad les confirió a través de la elección popular. El control del gobernante ha disminuido gradualmente pero el cumplimiento de las obligaciones, la formación de la cultura cívica y la organización social no ha incrementado en correspondencia. Es mayor la capacidad de comunicar de la sociedad, pero no ha logrado dinamizar la participación e involucrar masivamente a la gente. La fórmula parece ser la siguiente: “Desde arriba: Ceder poder para ganar legitimidad. Desde abajo: ganar poder para decidir”.
En el estado de Jalisco, en breve será realizado un ejercicio de consulta a la ciudadanía, por parte de todos los Presidentes Municipales del partido político Movimiento Ciudadano, pretendiendo lograr la ratificación de su mandato. El alcance de la propuesta es corto ante la ley, demasiado costoso en su implementación, es innecesario dilapidar recursos públicos y ofende a la inteligencia de los ciudadanos. Es claro que si un gobernante no funciona, debe irse. Lo mismo si delinque, si se le detecta corrupción, si su negligencia, apatía o mal desempeño ponen en riesgo a la ciudadanía o al patrimonio público. Para ello, es innecesario hacer una consulta pública, pues la gran mayoría estaremos de acuerdo.
Pensar que este ejercicio, que ya ni es novedoso, pues se repite cada gestión como fórmula de un partido político en particular, puede desembocar en fiscalizante, es ingenuo. Detener la impunidad y articular una nueva relación sociedad – estado, inicia con el fomento a la cultura cívica, con el respeto a las leyes, con involucrar en forma amplia a la sociedad en la evaluación efectiva de sus gobiernos, con perfeccionar mecanismos de rendición de cuentas, que el ejercicio simple de una consulta pública sin rigor metodológico, sin alcances jurídicos plenos, sin obligatoriedad de ninguna índole, se queda en intenciones caras, superficiales, vanas y en una ventajosa y anticipada campaña de promoción política.
Ante los temas comunitarios, con, sin o a pesar de nuestros gobiernos, todos los habitantes de un lugar son parte del problema y deberíamos ser también parte de la solución. Es necesario dejar de descalificar a los políticos por el simple hecho de serlo; es útil dejar de calificar a los ciudadanos por el simple hecho de serlo, como llenos de virtud, pues aún quienes tienen la actitud, deben ser vistos en base a su aptitud para encabezar proyectos, para dirigir destinos colectivos. La moda social ha llevado a gobernarnos a muchas personas que quieren pero no saben, que están en el poder sin poder solucionar ni retribuir la confianza de la gente.
Cuatro premisas fundamentales concluyen mi opinión al respecto: No odies al gobierno, sé el gobierno. La ciudadanía cívica participa en las decisiones. La ciudadanía pasiva tiene un rol de consumidor que genera un déficit democrático. No hay buen gobierno sin buenos ciudadanos.
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