El costo laboral por un trabajador formal en México, incluyendo la contribución del empleado y del empleador para seguridad social es 67 por ciento menor respecto al promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y 4 por ciento inferior comparado con el promedio de América Latina.
Expresado en dólares en términos de Paridad del Poder de Compra (PPC), el costo laboral promedio en América Latina y el Caribe totalizó en 16 mil 125 dólares en 2013; en tanto que en México fue de 15 mil 477 dólares y para el promedio de la OCDE fue de 47 mil 82 dólares, según reveló el informe publicado por la OCDE sobre impuestos al salario en América Latina y el Caribe.
México es el único país de América Latina en donde el trabajador paga impuestos por el ingreso personal, pero esto se compensa una vez que su contribución para su seguridad social es la más baja de la región como porcentaje del costo laboral total.
Los costos laborales en México, en términos de PPC, fueron inferiores en 62 por ciento respecto a Argentina que sustentó el más alto para toda la región, pero también fueron menores comparados a los de Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Paraguay, Ecuador y Venezuela.
El estudio consideró como referencia lo que se conoce como “presión fiscal sobre el ingreso laboral”, o tax wedge, una medida que toma el total de impuestos y prestaciones sociales obligatorias pagadas por el empleado y empleador, menos el beneficio familiar recibido, todo esto como proporción del costo laboral total para los empleadores. En 2013 esta medida en América Latina fue de 21.7 por ciento, en México de 26.9 por ciento y para el promedio de países de la OCDE, fue de 35.9 por ciento.
Esta diferencia se debe a que en la gran mayoría de países latinoamericanos, excepto en México, el trabajador no paga impuesto al ingreso personal una vez que sus ingresos son inferiores a los requerimientos mínimos para hacerlo.
Es así como la limitada recaudación fiscal en la región se explica en parte por esta dificultad de los gobiernos para utilizar el impuesto al ingreso personal como un instrumento de recolección de ingresos.
