México vive una terrible crisis de desapariciones forzadas en donde Jalisco no es ni ha sido la excepción. Este ciclo de violencia ha cobrado en Jalisco más de 2,600 víctimas durante los últimos diez años, pero la respuesta del Gobierno del Estado ha sido no sólo insuficiente sino francamente deficiente, colocando a Jalisco como la tercera entidad como más desapariciones del país y una de las primeras en desaparición de mujeres menores de edad.
Hace unos días se denunció la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), Javier Aceves, Daniel Díaz y Marco Ávalos, a las que se suman las desapariciones de dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, César Arellano Camacho y Susana Carolina Gutiérrez.
La desaparición forzada es un crimen que atenta contra la vida y la dignidad de las personas, que tiene consecuencias irremediables en el tejido social, y que desintegra familias y comunidades. Por ello no se puede decir otra cosa más que la presencia generalizada de desapariciones forzadas en México y en Jalisco refleja el patrón de indiferencia e incompetencia ante las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado.
Desde el año 2013, muchos hemos insistido en atacar este problema construyendo las instituciones y herramientas jurídicas necesarias. Desde ese entonces denunciamos la crisis de desapariciones y la impunidad generalizada que aún sufren comunidades indígenas de Jalisco, activistas de la información y defensores de derechos humanos.
En septiembre de ese año logramos la aprobación, en el Congreso de Jalisco, de una reforma penal para que se tipificara, investigara y sancionara la desaparición forzada de personas de manera adecuada y oportuna; en su momento se trató de una de las legislaciones más avanzadas a nivel local en México.
A pesar de tener los instrumentos normativos y contar con la voluntad política de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil, el Gobierno del Estado, encabezado por Aristóteles Sandoval, permaneció omiso y en un letargo que lo único que ha provocado es la suma de más víctimas de desaparición forzada y de más familias desintegradas. Para muestra de ello, valga mencionar dos circunstancias:
1) Hasta abril de 2017, cuatro años después de la reforma, el Gobierno de Jalisco decidió crear la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero desafortunadamente esta respuesta tardía también fue insuficiente y negligente, ya que se decidió no dotarla de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para hacer su trabajo y para enfrentar la gravedad de la situación por la que atraviesa Jalisco:
