En relación a una nota publicada este lunes, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió el riesgo de que el caso quede impune.
«Hoy se publicó acerca de que Osorio Chong ha recibido un informe de que la mayoría de los detenidos recibieron tortura y malos tratos y que se encuentra en riesgo esa línea de investigación al grado de que los detenidos pueden obtener su libertad”.
«Eso evidencia las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, pero eso también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y de profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo, de lo contrario la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros quedará en la total impunidad», comentó el abogado al inicio de una marcha con dirección al Antimonumento +43.
Pruebas fehacientes de tortura
Este lunes se publicó que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
De acuerdo con una reconstrucción hecha por medios, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.
El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.
Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.
Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.
Fuentes del Gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
