El plazo para crear la legislación secundaria de la reforma al Artículo 19 constitucional sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva ya se venció, por lo que se tendrá que revisar la evolución de las nuevas medidas, señaló la diputada María del Pilar Ortega Martínez.
La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados explicó lo anterior al participar en el foro Armonización de la Prisión Preventiva Oficiosa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Detalló que el Congreso de la Unión tendrá que revisar la evolución de las nuevas medidas de prisión preventiva oficiosa y reflexionar en torno a la manera en que las normas se plasmarán en la legislación secundaria; es decir, cuáles son los ajustes que tendrán en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Veremos si a partir de la llegada de esta norma las cosas cambian en materia de procuración de justicia, sobre todo en el tema que más anhelan los mexicanos, que es la seguridad y que estos delitos disminuyan”, subrayó.
A su vez, la secretaria de la Comisión, Mariana Rodríguez Mier y Terán, expuso que ampliar el catálogo de delitos proclives de prisión preventiva oficiosa no será suficiente para pacificar al país “que es lo que pide la sociedad».
Advirtió que desde que inició este sistema ha habido una lista de delitos que ahora se contemplan en el 19 constitucional, pero lejos de haber descendido se han incrementado.
En tanto, el coordinador de asesores del fiscal general de la República, Óscar Langlet González, dijo que para la institución la prisión preventiva oficiosa representa un elemento de vital importancia en la impartición de justicia, como medida cautelar excepcional de la privación de la libertad sujeta a proceso penal.
“La introducción de esas reformas deberían generar nueva certeza para la operación del sistema y facilitar el trabajo de los ministerios públicos en el caso de los delitos incluidos en el catálogo”, subrayó.
A su vez Moisés Moreno Hernández, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, consideró que pareciera que el principal motivo, razón y preocupación de la política criminal del gobierno actual es combatir eficazmente el problema de la corrupción más que la delincuencia organizada.
Y lo anterior se da a pesar de que es la delincuencia organizada “la que sin duda produce todos los efectos que conocemos. Si es así, la vía para hacerlo no es la represiva de carácter penal, hay muchas otras alternativas para enfrentarla”.
El también investigador Emérito del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) planteó “una revisión a fondo de la política criminal del Estado mexicano y de todo su sistema de justicia penal”.
