Por: Verónica Juárez Piña
La aprobación, en la Cámara de Diputados, del dictamen de la minuta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes en materia de prisión preventiva, no sólo es violatoria de la Constitución de la República y de los derechos humanos, sino que agravará el problema de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles del país, en su mayoría con personas de escasos recursos cuyas posibilidades de defenderse son exiguas.
En México, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio privilegia el derecho de las personas que cometen un delito a seguir su proceso en libertad, en tanto no se compruebe su responsabilidad penal.
Sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada, contiene disposiciones que violan lo previsto en las convenciones internacionales, previendo medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos con el pretexto de garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas.
Debemos ser conscientes de que las carencias de nuestro sistema de justicia penal son muchas y, debido a ello, la justicia en nuestro país ni es pronta ni es expedita. Ése fue uno de los principales problemas que se buscó resolver con la reforma en materia de seguridad y justicia en 2008.
La sobrepoblación de personas procesadas no sentenciadas en las cárceles que, en ocasiones esperan años para que pueda determinarse su culpabilidad, fue otra de las razones.
Como intervención en la esfera privada de un individuo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la autoridad vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad, la presunción de inocencia, así como a la correcta implementación de los principios de legalidad, imparcialidad, contradicción y proporcionalidad del proceso, causando con ello daños psicológicos y materiales irreparables.
Morena y sus aliados, al avalar el dictamen en comento se justificó en el pobre argumento de que con la aprobación de este minuta se estaría atendiendo al mandato contenido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 12 de abril de 2019 que ellos mismos aprobaron.
Sin embargo, se hizo caso omiso al llamado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo al gobierno mexicano y a los órganos legislativos a inicios del 2019 para derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva.
Es de recordarse que en el año 2002, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en su visita a México, recomendó al Estado Mexicano modificar la legislación interna de modo de que ésta adopte las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de pre liberación, e iniciar un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal.
Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponden al nuevo Sistema Penal y que garantizan los Derechos Humanos.
No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por altos índices delictivos y una “cifra negra” superior al 90%. Por ello, en un debate que gira mayormente en torno a suposiciones, miedos y prejuicios, el análisis de la evidencia nos indica que efectivamente tener más personas acusadas dentro de las cárceles, no implica tener un menor número de víctimas afuera.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votó en contra de esta minuta que ignora la normatividad internacional, desconoce los derechos humanos y condena a aquellos que menos tienen a sufrir por la ineficacia de las instituciones de procuración de justicia.
