Por Efrén Urrutia
Puerto Vallarta, Jal.- Con un enérgico tono anti oficial, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas el empresario Gabriel Igartúa, enumeró ante medios de comunicación tres puntos y 18 sub puntos como propuesta “anti Peña Nieto” para el rescate económico en México, donde se resalta el ahorro de grandes cantidades de dinero provocadas por la corrupción.
Entre ellos, destacan reducir los programas sociales creados “a favor de partidos políticos”, en los que se gastan más de 200 mil millones de pesos anuales, así como evitar el financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales de los funcionarios públicos, ya que en 2015, el gasto presupuestal en comunicación social y publicidad se triplicó pasando de 2.7 a 7.6 mil millones de pesos.
“México sí necesita de un acuerdo, y Coparmex está en favor de generarlo. Un acuerdo real que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar las propuestas de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido, frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual”, consideró.
Dijo que el país requiere un acuerdo solidario, “donde todos los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad con México por delante, que proteja la economía familiar e impulse la competitividad y el desarrollo de todos, y particularmente de quienes más lo necesitan. Que impulse a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a la innovación”.
Ante esto, Coparmex Vallarta-Bahía replicó la propuesta de Coparmex Nacional con las siguientes líneas de acción para “debatir el rumbo que debe tener un acuerdo nacional”:
Impulsar la economía familiar y la creación de empleos dignos. Para ello, eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado Coneval. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser “clientelares”, como los comedores comunitarios.
Establecer un mapa puntual con acciones detalladas para logar tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe de incluir los programas sociales para evitar que el “clientelismo electoral” duplique el número de estos beneficiarios.
Establecer un calendario de implementación para organizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar para el 2018.
Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de crear empleos dignos.
Generar un esquema de bonos de productividad que no tengan carga fiscal, y que vayan de forma inmediata al salario de los trabajadores.
Crear un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivo posibles.
Actualizar en el 2017 las métricas de pobreza de Coneval con datos comparables al 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.
Mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica. El acuerdo que México necesita debe de velar con aspectos concretos, como:
El establecimiento de un Consejo Fiscal independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional a fin de evitar que la deuda continúe aumentando a tasas del 14% anual.
Implementar verdaderos recortes de presupuesto público, ya que el gasto del Gobierno Federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del 2016, lo que muestra que los supuestos recortes a gastos que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
Evitar más aumento de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la venta del petróleo. En 2016, el IEPS por gasolina recaudó el 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.
Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anual del dispendio de recurso público, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social.
Financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales de los funcionarios públicos. En 2015, el gasto presupuestal en comunicación social y publicidad se triplicó pasando de 2.7 a 7.6 mil millones de pesos.
Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública, para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de la gasolina. Al momento, México importa el 60% de la gasolina.
Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre la modificación del transporte público.
Promover el estado de derecho y combate real a la corrupción. El acuerdo que México necesita, debe velar por aspectos concretos como:
Reducir tasa de incremento de homicidios dolosos, ya que los homicidas se incrementaron en 21.5% el 2016. Se deben de fijar metas concretas para la reducción de este delito.
Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas, que según algunas fuentes, se han quintuplicado en años recientes.
Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de la transparencia presupuestal.
Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación a nivel Federal, Estatal y Municipal. Ya que la Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones; esto se debe de detener y darle agilidad a los programas que sí funcionan, según evaluaciones.
Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos” que se invirtieron en la creación de una refinería en Hidalgo.
Las anteriores, son propuestas concretas, debatibles y mejorables, que pueden ser complementadas sin duda, pero sí establecen ideas específicas con impacto real en la economía, y particularmente en la economía familiar, sentenció Gabriel Igartúa.
