El senador Samuel García Sepúlveda presentó una iniciativa para imponer la destitución e inhabilitación permanente del cargo a los servidores públicos que sean sancionados por actos de corrupción.
Se trata, dijo en tribuna en la sesión de este martes, de reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer la llamada “muerte civil” a corruptos, para que no puedan ser votados, acceder a un cargo público ni ser proveedores o contratistas del gobierno.
El legislador afirmó que los hechos de corrupción van desde “mordidas”, irregularidades en los permisos de uso de suelo o trámites municipales, hasta casos que no sólo merecen cárcel, sino la inhabilitación permanente de los servidores públicos involucrados.
A nombre del grupo de Movimiento Ciudadano, García Sepúlveda llamó a ampliar los mecanismos para combatir ese flagelo, pues de nada sirve firmar tratados y convenciones “si nos quedamos cortos a la hora de evitar el soborno, el enriquecimiento ilícito o el desvío de recursos a través de contratos públicos».
La iniciativa precisa que la “muerte civil” garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por hechos de ese tipo no vuelva a tener acceso a un cargo de elección popular ni a desempeñarse como servidor público.
El proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sugiere que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos tampoco puedan participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.
