COMUNICADO:
Desde hace cuatro años, los jaliscienses experimentamos una crisis crónica de inseguridad inmerecida: hoy pareciera que en Jalisco el delito es cosa de todos los días y que las extorsiones el robo en sus diversas modalidades, los homicidios, las desapariciones o los actos de violencia contra las mujeres son cosas ordinarias en la rutina de los jaliscienses.
Decimos que en Jalisco vivimos una crisis de inseguridad, porque hoy las cifras son extremadamente preocupantes. Basta analizar algunos datos del INEGI, para saber que:
Alrededor del 40% de los hogares en nuestro estado tiene una víctima del delito; que 1 de cada 3 personas en Jalisco son víctimas de algún delito, que en los últimos dos años, no ha disminuido la prevalencia delictiva contra las mujeres en Jalisco, o que de cada 100 delitos que ocurren en Jalisco, 88 de ellos no se denuncian.
Durante toda la administración del Ejecutivo Estatal, la inseguridad ha sido el principal problema percibido por los jaliscienses. Durante el primer año de la administración, 57% de los jaliscienses reconocían a la inseguridad como el principal problema, actualmente, en 2017, un 60% lo hace. De igual manera 8 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros en los espacios públicos del Estado.
Tan sólo el pasado día 11 de octubre de 2017, los jaliscienses conocimos de 7 asaltos ocurridos en el Área Metropolitana de Guadalajara, todos ellos con arma de fuego, resultando heridas en 2 de los casos heridas tres víctimas de dichos robos.
¿Qué ha sucedido o dejado de suceder en los últimos cuatro años y medio para que se haya gestado la crisis de inseguridad que actualmente vivimos en Jalisco?
¿Qué ha sucedido, o dejado de suceder, desde el Gobierno para que hoy vivamos una realidad en la que el delito ha tenido un costo global, hasta el momento, de más de 87 mil millones de pesos en lo que va de la presente administración?
Nosotros queremos hacer algunas reflexiones respecto aquellas cosas que el Gobierno nos ha dicho a los jaliscienses en materia de seguridad pública.
En marzo de 2012, en pleno proceso electoral, en su calidad de candidato, el hoy Gobernador nos dijo que habría una gran reforma en materia de seguridad, y que disminuiría la delincuencia, para garantizar la paz y la seguridad en las calles de nuestro Estado.
En febrero de 2013, el Gobierno estatal electo -a través de los diputados del PRI- nos dijo que era necesario hacer una modificación estructural de las instituciones de seguridad acorde al siglo veintiuno.
En aquel entonces el Gobernador nos dijo que aprobando su propuesta de reestructuración en materia de seguridad, garantizaría la seguridad interior del Estado y la debida protección de los jaliscienses.
Las Grupos Parlamentarios que integraron el Congreso, incluido el del PAN, dieron un voto de confianza al Gobernador electo, pues éste afirmó en aquel momento que era necesario reorganizar las instituciones y dependencias para reducir los índices de impunidad. Fue así como se aprobó el decreto 24395-LX-13 mediante el cual se aglutinaron en la mega estructura de una Fiscalía General del Estado, las funciones de investigación de los delitos, la seguridad pública, mando de policías (incluida la policía vial), y la conducción de los sistemas de reinserción social, atención a víctimas y protección civil.
En la toma de protesta de este gobierno, en marzo de 2013, también se nos dijeron muchas cosas a los jaliscienses, entre ellas que había llegado el momento de devolverle al ciudadano la confianza y la tranquilidad; prometiéndonos que se formarían instituciones de seguridad pública «coordinadas» y «verdaderamente cercanas».
Para junio de 2013, el Gobierno estatal, anuncia la integración de la Fuerza Única para Jalisco, integrada por 1,900 elementos operativos, iniciándose así, según el propio Ejecutivo estatal, «una nueva era en la coordinación de las acciones de seguridad pública para responder con firmeza al combate de los delitos de alto impacto y contra los ilícitos que atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.» Cabe mencionar que esta fuerza sólo quitó de los municipios a sus mejores elementos y no aseguró la mejora en las condiciones laborales, ni en la capacitación continua para éstos.
En 2015, dentro del informe anual de actividades, el Gobernador nos dijo a los jaliscienses que no se avanzó en la sensación de seguridad de los jaliscienses. Para 2016, nos dijo también que se necesitaba trabajar más en aquellos delitos que se habían incrementado como lo fue la violencia de género, en la cual hoy encontramos entre los primeros cinco lugares a nivel nacional.
Precisamente en el año 2016 los jaliscienses advertimos el tratamiento político de la seguridad pública en el que incurrió el Ejecutivo Estatal, por si o a través del Fiscal General del Estado; frente a los alcaldes metropolitanos o sus titulares de seguridad pública. Tan sólo el Fiscal General, entre el 11 de octubre y el 30 de diciembre del año en referencia, manifestó públicamente en cuatro ocasiones, divergencias políticas con los actores referidos, quienes a su vez entablaron una disputa discursiva poco constructiva; una situación que no abona a construir soluciones en materia de seguridad.
En febrero de este año 2017, en su cuarto informe de Gobierno, el Ejecutivo en tan sólo 58 palabras, nos dijo «que no bastaba reducir delitos si no hacemos que la gente lo perciba en su vida cotidiana».
Para julio, también de 2017, el Gobierno estatal, a través del Fiscal General, en conjunto con diversos presidentes municipales, así como con mandos militares y de la policía federal, se comprometió a que a partir de un mes daría a conocer los resultados de las acciones implementadas por las autoridades referidas con anterioridad.
Sin embargo, además de no reportar los resultados prometidos, los jaliscienses nos enteramos que el siguiente mes, es decir agosto de 2017, resultó ser el mes más violento de los últimos años, tal y como reportaron diversos medios de comunicación locales en el mes de septiembre.
En agosto de 2017, finalmente el Gobernador nos dice siempre SI es necesario tener una secretaría de seguridad pública para garantizar la paz en el Estado y remite al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de tal dependencia. A su vez, el pasado septiembre, junto con los alcaldes metropolitanos, el Gobierno estatal impulsa cuatro medidas: un mayor patrullaje, homologación salarial de policías, la unificación de horarios de giros negros y la plataforma de información sobre incidencia delictiva; con las cuales pretende enfrentar el incremento de la incidencia delictiva metropolitana.
Bajo este contexto nosotros queremos decirle algo muy claro al Gobierno de Jalisco y es que su modelo y estrategias de seguridad son un fracaso hasta el momento.
Hoy 6 de cada 10 personas se sienten más inseguras en el Estado. Hoy advertimos que los resultados de las fallidas actuales estrategias de seguridad estatal, así como de las omisiones gubernamentales por falta de coordinación efectiva, son la concentración del 10 % de los municipios más violentos del país; la segunda zona metropolitana más peligrosa de la república, y los primeros lugares nacionales en extorsiones, personas desaparecidas y violencia contra la mujer, conforme datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
La pretensión de regresar a un modelo de seguridad que tanto criticó, las reiteradas justificaciones, las disputas interpartidistas estériles y la falta de coordinación, son algunas de las acciones que lamentamos los jaliscienses, puesto que éstas sin duda han contribuido a la crisis de inseguridad que hoy vivimos en nuestro Estado.
El Poder Legislativo de Jalisco ha buscado construir con el Poder Ejecutivo de Jalisco, los caminos suficientes que nos permitan regresar la paz y la seguridad a Jalisco. Muestra de ello fue la aprobación precisamente del ya mencionado decreto 24395 que materializó las reformas solicitadas por el actual Gobierno estatal ante su promesa de mejorar la seguridad de Jalisco; entre las que destacaban la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la transformación de la entonces Procuraduría General del Estado en la Fiscalía General, instancia a quien se le asignó la organización de toda la policía estatal, una reforma que el mismo Ejecutivo ha comenzado a regresar sobre sus pasos.
Una muestra adicional del ánimo constructivista con el que se ha conducido el Poder Legislativo, a través de la presente legislatura, han sido las reformas legislativas y la aprobación de los presupuestos solicitados por el Gobierno Estatal, como resultan ser los más de 30 mil millones asignados a la Fiscalía General en los últimos 5 años.
En el mismo sentido han sido las propuestas que todos los grupos parlamentarios de este Congreso han presentado, como lo son las modificaciones a la Fiscalía, la implementación de modificaciones al mando policial en el Estado, con diversas opciones y variaciones en las alternativas. Una situación que al día de hoy no termina por concluir y que hemos sido cooperativos y comprensivos para construir, como resulta ser también la serie de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado-
Adicionalmente a lo anterior los Diputados del PAN además hemos contribuido con nuestras propuestas en materia de seguridad pública, las cuales se han aprobado por este Poder Legislativo mediante los acuerdos 14-LXI-2015; 39-LXI-2015; 211-LXI-2016;305-LXI-2016 y 745-LXI-2016; y mediante las cuales hemos pretendido generar condiciones que nos permitan abordar con eficiencia la inseguridad en el Estado, siempre siendo respetuosos de la división de poderes, puesto que nuestra meta no es obstaculizar la labor del Gobierno para generar rentabilidad electoral, sino garantizar a los jaliscienses la seguridad que algún día vivieron y que hoy no advierten.
Queremos mencionar además, sobre el referido acuerdo 745, que a través de éste el Poder Legislativo de Jalisco manifestaba su preocupación por la crisis de seguridad denunciada ya desde el 14 de septiembre de 2016 y solicitaba al Ejecutivo del Estado el replanteamiento de sus estrategias de seguridad, así como una evaluación pública del desempeño del Fiscal General.
Ante las diversas propuestas de las fracciones parlamentarias, para ordenar los mandos policiales del Estado y sus municipios; así como para estructurar la nueva Fiscalía Autónoma en la que se incluyen los nuevos nombramientos del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción de Jalisco; y frente al contexto crítico en materia de seguridad que actualmente atravesamos en Jalisco, este Congreso del Estado reitera su disposición para construir una estrategia interinstitucional, así como un modelo policial y de procuración de justicia, que garantice el retorno de la paz y la seguridad a nuestro Estado.
Bajo este contexto es que solicitamos, que el Secretario General del Gobierno y el Fiscal General del Estado comparezcan ante este Poder Legislativo del Estado, a fin de que informen el contexto actual de seguridad en nuestro Estado, las razones por las cuales persiste la crisis estatal en esta materia después de 4 años, así como los resultados de las nuevas estrategias en seguridad anunciados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado durante el pasado mes de septiembre del presente año.
Queremos que la seguridad regrese a Jalisco; y los Diputados del PAN estamos en la disposición de colaborar, como siempre lo hemos hecho, para mejorar la segu
