Por: Verónica Juárez Piña
El presidente Andrés Manuel López Obrador no toleró que su iniciativa constitucional en materia electoral no fuera aprobada en la Cámara de Diputados, al no alcanzar la mayoría calificada por el voto en contra del bloque de oposición; y de inmediato orquestó su venganza, al enviar el plan “B” tantas veces anunciado.
Dicha propuesta realiza cambios a tres leyes reglamentarias, y expide una más, a través de las cuales pretende no sólo asestar un duro golpe al Instituto Nacional Electoral (INE) sino a la democracia misma.
Sin embargo, no todo está dicho.
Desde la mañana del martes 6 de diciembre López Obrador preveía su derrota, a pesar de las tácticas dilatorias, amenazas y descalificación a la oposición; por lo que envió a la Cámara de Diputados al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para entregar a Morena la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Morena hizo suya la iniciativa y violando todo el proceso legislativo, una vez concluida la votación del dictamen de la iniciativa de reforma constitucional; impuso que el pleno discutiera el plan “B”.
Siendo una iniciativa que reforma leyes secundarias, Morena y sus aliados la aprobaron por mayoría simple, festejando por adelantado un proceso que aún no está concluido. El bloque de oposición optó por salir del pleno y Morena se quedó celebrando el golpe a la democracia orquestado desde Palacio Nacional.
Entre las reformas más lesivas, destaca el hecho de que INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrán prohibido cancelar candidaturas por faltas graves. También plantea reducir al TEPJF las facultades para sancionar a los funcionarios públicos cuando realicen campañas anticipadas.
Con estas modificaciones, el presidente y Morena pretenden legalizar lo que en los hechos han venido haciendo, es decir, realizar actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y una indebida difusión de actividades desde cargos públicos.
De igual manera, propone que se unifique el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el cómputo de la elección; lo que sin duda podría generar incertidumbre en el conteo de votos y, en consecuencia, en el resultado de la elección. La existencia del PREP le ha dado certeza, transparencia e inmediatez a este proceso. El dar a conocer los resultados preliminares de una elección terminó con la posibilidad de manipular el conteo de votos, como sucedió en la elección de 1988, cuando a Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, se le cayó el sistema y con este acto fraudulento allanó el camino a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari.
La propuesta presidencial también busca eliminar los fondos y fideicomisos, usados para respaldar la funcionalidad del Instituto. López Obrador pretende apoderarse de estos recursos, pues propone que estos deberán devolverse a la Secretaría de Hacienda y ya sabemos dónde terminará ese presupuesto, en los megaproyectos inviables de este gobierno.
Asimismo, en el ámbito local, se eliminan las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización; se suprimen en los distritos las figuras de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario.
Adicionalmente, se reducen los tiempos en las fases de insaculación, capacitación y selección de ciudadanas y ciudadanos que integran las mesas directivas de las casillas; lo que resta transparencia a los procesos electorales y violenta los derechos políticos.
Otro golpe severo es la intención de desaparecer el servicio profesional de carrera, unidades internas y el cargo de secretario Ejecutivo, que son estructuras fundamentales para el buen funcionamiento del INE. Si por algo se caracteriza el Instituto, es por la actuación de funcionarios públicos altamente capacitados, profesionales e imparciales, que son la base del éxito de la organización de las elecciones en México; muy lejanas de las irregularidades y manipulación de las consultas populares promovidas desde la presidencia de la República.
En un acto de autoritarismo, López Obrador también propone que los partidos políticos reciban infracciones cuando en su propaganda política difundan expresiones que calumnien a personas, a otros partidos y a los gobiernos emanados de ellos. El presidente no quiere que lo toquen ni con el pétalo de una rosa, pero él se seguirá dando vuelo insultando a diestra y siniestra desde el púlpito de la mañanera. Ello representa un grave atentado a la libertad de expresión.
Ni el presidente ni Morena deberían echar las campanas al vuelo. La Constitución de la República prevé contrapesos a decisiones autoritarias como ésta. El Senado debe evitar esta regresión democrática. De no ser así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la oportunidad de frenar la ambición centralista del titular del Ejecutivo Federal. En el último de los casos, las y los ciudadanos debemos hacer valer nuestro voto en 2024 para preservar nuestra democracia.
