La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se declaró este lunes en rebeldía hacia la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro y elegida el domingo con un “presunto” resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral.
Señaló que con la Constituyente estará en peligro la ley en Venezuela ante una “ambición dictatorial”, y la calificó como un “irrespeto del gobierno al pueblo”.
Señaló que el gobierno va tras su cabeza para evitar que siga investigando casos de corrupción, de los cuales destacó el pago a la constructora brasileña Odebretch de 30 mil millones de dólares.
Afirmó además que el gobierno busca conformar una lógica que busca “ejercer el poder sin límite alguno”.
Ortega dijo que el presidente quiere la Constituyente para mantenerse en el poder y para beneficio del gobierno como una “burla al pueblo y a su soberanía”.
Agregó que ante los términos “inconstitucionales e ilegales” en que se realizó la elección de la Constituyente se acoge al artículo 333 de la Carta Magna que indica que la Constitución “no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella».
La fiscal señaló que no hay forma de auditar los resultados anunciados por el CNE y que por lo tanto “me mantengo a frente de mis responsabilidades al frente del Ministerio Público y no lo voy a abandonar”.
Ortega confirmó que durante las manifestaciones del domingo durante la elección murieron 10 personas en todo el país, lo que aumentó a 121 las víctimas fatales desde que comenzaron las protestas contra el gobierno en abril pasado, además de mil 958 heridos.
Dijo que el 25 por ciento de la víctimas es atribuible a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y el 40 por ciento a grupos de civiles armados que actúan contra las manifestaciones.
