Por: Verónica Juárez Piña
El Presidente de la República ya dio el banderazo para una primera entrega de diez millones de ejemplares de la Cartilla Moral. Esta decisión viola varios preceptos constitucionales, pero además, se agrava con la contradicción que implica que la misma será distribuida por la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, por un lado; y normalistas, maestras y maestros, por otro.
En principio, como he venido insistiendo, hay una violación al principio constitucional del Estado Laico y no es la primera vez, ya hemos visto cómo el Presidente de la República utiliza una serie de frases bíblicas o cómo de repente pareciera que nos quiere imponer su propia visión de lo que tiene que ser la moral.
Es preocupante que el Jefe del Estado Mexicano ignore que la difusión de la Cartilla Moral, y otros acuerdos que ha construido con las iglesias cristianas y evangélicas –como la entrega de concesiones de radio y canales de televisión- violan el artículo 130 Constitucional, que establece la separación entre la Iglesia y el Estado; y el Artículo 41 que habla del respeto al Estado Laico y la aplicación del Estado de Derecho.
Transgrede asimismo el Artículo 24 de la Carta Magna, relativo a la libertad que debemos tener todas y todos los mexicanos sobre la convicción y la libertad de conciencia ética y conciencia religiosa.
La Cartilla Moral no debe descontextualizarse, es un documento histórico que atendió otra etapa y necesidades de la vida nacional. Hoy, lo que requerimos es el cumplimiento de la ley, el impulso de políticas públicas para terminar con la desigualdad y el que podamos tener una economía estable.
La Cartilla fue escrita en 1944, por Jesús Reyes Heroles, a petición del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, como parte de una Campaña Nacional contra el Analfabetismo. Es decir, hace 75 años, las condiciones del país eran totalmente distintas a las que ahora enfrenta: las mujeres no teníamos ningún derecho, la comunidad LGBTTTI no existía, niñas, niños y adolescentes no eran sujetos de derechos, por mencionar algunos.
Las nuevas generaciones, más que consejos morales, lo que requieren son mejores oportunidades de educación, la garantía de sus derechos, seguridad y paz para un sano desarrollo, condiciones equitativas para poder desarrollarse, que sus padres tengan empleos y salarios dignos; y que todos los Poderes de la República, niveles de gobierno y funcionarios, empezando por el Presidente; cumplan estrictamente con su responsabilidad y con lo que establece la Constitución de la República.
En vez de ordenar la repartición de diez millones de cartillas morales, el Presidente debería instruir que se distribuya la misma cantidad de ejemplares de la Carta Magna para promover su conocimiento y cumplimiento; en lugar de empeñarse en imponer su visión moral y cristiana a todas las mexicanas y los mexicanos.
