La aplicación del Apartado III la ley estadunidense Helms-Burton, que nació en 1996 con el objetivo de fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, ha dado nuevamente de qué hablar y generado reacciones en contra en la isla caribeña.
La nombrada oficialmente «Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», contempla la internacionalización del bloqueo, la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba, lo que dificulta la inversión extranjera en la isla.
Dicha legislación fue promovida a mediados de la década de 1990 principalmente por el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton, de cuyos apellidos tomó su nombre el proyecto de ley que generó opiniones encontradas entre la comunidad internacional hace 23 años.
La controversia se debe a que la Ley Helms-Burton entra en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo, a los que se les impide comerciar libremente con la isla mayor de las Antillas.
Como reacción, en el mismo 1996, Cuba promulgó la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, que establece que la Helms-Burton es «ilícita», «inaplicable» y niega su eventual efecto jurídico.
Además, considera nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.
Uno de sus apartados más polémicos es el tercero, que permite a ciudadanos estadunidenses entablar acciones legales en tribunales de ese país por la explotación comercial de los bienes que les fueron confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, al triunfo de la Revolución.
Dicho apartado se había mantenido suspendido hasta hace unas semanas, cuando entró en vigor por decisión del gobierno de Donald Trump y, como consecuencia, los ciudadanos estadunidenses podrán demandar a personas o empresas que operan con bienes confiscados.
Ahora, cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadunidense, corre el riesgo de ser demandado ante tribunales del país norteamericano.
En dicho marco, la cancillería cubana difundió un pronunciamiento internacional contra la aplicación de la medida.
«Con la activación del Apartado III de la Ley Helms-Burton, que profundiza gravemente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, Estados Unidos ha roto nuevamente las normas elementales del derecho internacional, al imponer un carácter extraterritorial a una ley interna», acusó.
Denunció que «también marca un franco retroceso en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pactadas en 2014, por Barack Obama y Raúl Castro», entonces mandatarios de Estados Unidos y Cuba, respectivamente.
«Hacemos un llamado a la sociedad estadunidense, y a ciudadanos, pueblos y gobiernos del mundo, de cualquier signo político, a expresar su rechazo a esta medida que afecta el respeto y la amistad que debe prevalecer entre las naciones», se lee en el pronunciamiento.
El documento está firmado por más de 400 personalidades e instituciones de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, México, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia y Venezuela.
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