Por: Salvador Cosío Gaona
Resulta por demás evidente que no existe un esquema eficaz de protección de comunicadores, periodistas, reporteros y activistas sociales en México y cada vez se percibe más el terror en el país, ya que además de la ausencia de medidas eficientes para garantizar seguridad a quienes alzan la voz en relación a asuntos polémicos y turbios, es cada vez más grande la percepción en cuanto a que en la mayoría de los casos de agresión contra este grupo de personas que activan voces críticas de la sociedad ante circunstancias inmorales, ilícitas, criminales y antisociales, hay un factor que tiene que ver con participación o al menos complicidad y tolerancia por autoridades o políticos poderosos.
No hay alternativas claras para combatir la impunidad ante este tipo de circunstancias y además existe desconfianza creciente y temor cada vez mayor hacia corporaciones de seguridad pública y autoridades de procuración de Justicia ya que cada vez es más frecuente se produzcan indicios claros de colisión.
Los periodistas, comunicadores, reporteros y activistas sociales mexicanos han iniciado a generar acciones procurando autogenerarse protección y a pensar colectivamente cómo defenderse a sí mismos, siendo así como, superando las expectativas de la convocatoria, más de un centenar de informadores y activistas se reunieron recientemente en la Ciudad de México durante la primera de tres jornadas, organizadas en torno a seis mesas temáticas de trabajo, que desembocarán en una hoja de ruta con medidas urgentes al respecto.
La iniciativa se denomina ‘Agenda defensiva de periodistas y activistas sociales’ y la conforman más de 90 medios de comunicación y organizaciones sociales de activismo comunitario y poco más de 350 participantes individuales vinculados a ellas.
La reciente ejecución artera del señero y muy reconocido periodista Javier Valdez, cronista del narcomundo en Sinaloa, quien fue ejecutado a tiros a bocajarro, en la calle, a plena luz del día provocó un “punto de quiebre” y generó una mayor movilización, detonándose por ejemplo una reunión del Presidente Enrique Peña Nieto con los Gobernadores y autoridades en materia de seguridad y Justicia a nivel nacional, de la que surgieron compromisos supuestamente cumplibles de inmediato para mejorar la seguridad de los periodistas y activistas, mas el que finalmente hayan resultado demagógicos y eminentemente escenográficos detonó esta nueva gran movilización para accionar estas jornadas deliberativas autónomas y horizontales.
Según la Organización británica con presencia internacional ‘Artículo 19’, destacada en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, desde el año 2000 se han registrado 106 asesinatos de periodistas en México y desde 2015 al menos mil 853 agresiones físicas, 55 de ellas asesinatos y 16 desapariciones forzadas, señalando que el nuestro es el país latinoamericano más letal para los periodistas y activistas sociales, a pesar que en teoría hay instituciones para la seguridad del gremio como son la fiscalía especializada y el mecanismo de protección de informadores dependiente de la Secretaría de Gobernación, mas siendo claro que es ineficaz, por la falta de autonomía, la madeja burocrática, la carencia de presupuesto además de la colusión de autoridades de los diversos ámbitos.
Como datos lamentables que pintan la ineficacia, es el que 6 de cada 10 agresiones registradas por ‘Articulo 19’ fueron presuntamente cometidas por un funcionario público, 9 de cada 10 agresiones quedan sin castigo, la fiscalía especializada ha recibido en sus ya siete ineficaces años de vida 798 denuncias de las que solo 3 han concluido en el encarcelamiento de los responsables, lo que representa el 0.37% del total de los casos.
Los asuntos que son denunciados o se les ha generado mayor difusión por periodistas o activistas sociales no son solo de los que se señala como frecuentes por realizarse a cargo de las tradicionales organizaciones del crimen organizado, o atropellos de funcionarios en contra del pueblo, pues se ha acentuado el número de señalamientos o acusaciones que tienen que ver con corrupción, generándose abusos de autoridades, daños al erario público pero sobre todo decisiones arbitrarias de autoridades que atentan contra los intereses populares.
Las diversas formas de flagelación y violencia extrema contra comunicadores y activistas sociales como el asesinato, desapariciones forzadas, extorsiones y amenazas contra ellos y sus familias son la forma de censura más extrema. El ejercicio periodístico y el encabezar causas sociales justas sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento y ello vulnera de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de las personas afectadas, pero también la dimensión colectiva de este derecho, ya que esos actos de barbarie violan el derecho de personas especificas a expresar e impartir ideas, opiniones e información pero además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo, en la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido.
Los motivos detrás de los asesinatos de comunicadores varían: cárteles del narcotráfico molestos por cobertura audaz en su contra, funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos e incluso, casos de reporteros que cambian de bando y se unen a los submundos criminales y caen en medio del fuego cruzado.
Funcionarios públicos, especialmente Alcaldes, Gobernadores y Jefes policíales amenazan a los comunicadores con más frecuencia que los cárteles de criminales; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso del gobierno para hallar a los responsables.
Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes, gobernantes o funcionarios que se molestan; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas.
El gobierno responde a las críticas sobre ineficiencia o colusión argumentando que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.
Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un país donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas y analistas, en su conjunto delincuencia, corrupción e indiferencia están aniquilando la premisa básica de una prensa libre, que es tener y gozar de esa libertad sin temor, lo que también está terminando con uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana.
La libertad de expresión en México se convierte en un mito ya que el gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia.
El gobierno federal mexicano que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto ha señalado de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión y en muchas ocasiones las autoridades federales o locales se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales, sin embargo, la decisión de la Suprema Corte todavía no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.
La sociedad mexicana exige mayor y mejor acción por parte del gobierno en sus tres ámbitos para la atención de la emergencia de seguridad pública, debiendo reconocerse que la estrategia de prevención, procuración y administración de justicia ha sido ineficaz.
Detrás de la tremenda inseguridad y desatada violencia prevalece la impunidad, la nula funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos. Como algo fundamental en este escenario dantesco, está el tremendo problema y la falta de atención, además de la colusión, en cuanto a acallar violentamente las voces periodísticas y sociales que narran y acusan criminalidad, corrupción e impunidad, ya que al dejar de existir quienes alcen la voz y exijan, se acendrará el caos y la impunidad, de ahí que deba de externarse con fuerza el mayor repudio al incremento de ataques contra comunicadores y activistas sociales en México, pronunciándonos con firmeza en condena contra cualquier acto que atente contra la integridad de quienes hablan por la comunidad, ya que es responsabilidad del estado mexicano salvaguardar la libertad de expresión como condición inalienable y necesaria de un régimen democrático sometido al cabal imperio de la ley que otorgue certidumbre y protección general a la población.
@salvadorcosio1
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