Por: Salvador Cosío Gaona
Por más que el gobierno federal mexicano a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto ha determinado que la constructora brasileña Odebrecht no podrá participar en ningún contrato con alguna institución o dependencia del sector público en nuestro país durante los próximos cuatro años, no se advierte voluntad alguna para castigar como debería ser las conductas ligadas al escándalo que dicha empresa generó y en lo que está vinculado el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin, que sigue impune y aparentemente así seguirá a pesar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Poder Ejecutivo del Gobierno mexicano, a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, ha instado a todos los poderes públicos –desde el propio Ejecutivo federal hasta los estatales y municipales, pasando por las empresas productivas del Estado– a «abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos» con la constructora brasileña que encabeza Marcelo Odebrecht, que es la principal compañía implicada en el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas en América y en México.
La razón esgrimida por la SFP para bloquear todas sus transacciones con entes públicos es el cobro indebido a PEMEX por más de 120 millones de pesos en el marco de los trabajos ejecutados en la ‘refinería Miguel Hidalgo’ ubicada en Tula de Allende, Estado de Hidalgo.
Las ramificaciones del caso Odebrecht se extienden a México y la decisión tomada por el Gobierno de Peña Nieto no hacen sino rubricarlo. Varios contratos de la firma brasileña con PEMEX cuando al frente de esta se encontraba Lozoya Austin, son el principal foco de investigación por parte de la justicia, mas como se ha dicho, hasta ahora todo queda en señalamientos sin acción legal contra Lozoya. Hace justo una semana, un delator de Odebrecht reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con casi 80 millones de pesos, ya que en palabras alusivas expresó: «Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años», así narró Luis Alberto de Meneses Weyll, antiguo representante en México de la constructora Odebrecht, cómo pagó un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. El testimonio ante la Justicia brasileña quedó grabado en video y ha sido revelado por el colectivo de periodistas El Quinto Elemento Lab.
«Solicitó cinco millones de dólares por reconocer [las atenciones de los últimos años]», contó Meneses. Para aquel entonces Odebrecht ya había ganado la licitación por la refinería de Miguel Hidalgo, en la que la Auditoría Superior mexicana ha constatado pagos «en exceso» de Pemex a la constructora brasileña. «Le sugerí a mi jefe que aprobáramos una buena cantidad», continuó el exdirector de Pemex en México. Al final el supuesto soborno ascendió a cuatro millones de dólares. «Estuvo de acuerdo, no tuvo ninguna objeción. Me pasó los datos de las cuentas bancarias para que hiciéramos las transferencias».
Recientemente también se ha conocido que Braskem, una filial de Odebrecht, depositó 1.5 millones de dólares en 2012 a una empresa ligada a Lozoya. Varios directivos de la constructora brasileña han asegurado, además, que Lozoya recibió hasta 10 millones de dólares en sobornos cuando estaba al frente de Pemex.
Hay que recordar que los asuntos turbios del caso Odebrecht, están extendidos como mancha de de aceite por prácticamente todos los rincones del continente americano aunque en México ha sido escasa hasta ahora la acción real y eficaz de las instituciones mexicanas de control y sanción administrativa como también siendo negligente la Procuraduría General de La República (PGR), deduciéndose con claridad que hay un intento claro de protección a favor de Lozoya Austin un íntimo amigo de Peña Nieto de quien se presume está estrechamente vinculado.
En tanto en México el tema no tiene mayor avance en las instancias legales y la impunidad reina, allá en Brasil el Ministerio Público Nacional ya identificó a Olivio Rodrigues Júnior, quien es un reconocido experto en lavar dinero para financiar campañas electorales, como el responsable de transferir sobornos millonarios a cuentas ligadas a Emilio Lozoya Austin y a una compañía fechada en Veracruz, por encargo de la constructora Odebrecht. Conforme la investigación, el alfil de la constructora brasileña -condenado el 26 de junio en Brasil- usaba el alias de «Gigolino» para ordenar transferencias desde al menos 20 empresas offshore afincadas en paraísos fiscales, según el expediente al que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Rodrigues transfirió más de 4 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012 a las cuentas vinculadas al coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, que era el ahora ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el muy famoso Emilio Lozoya Austin.
El mismo personaje transfirió otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada a Emilio Lozoya- en tres depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de México.
En años previos, que coincidieron también con elecciones, dos empresas offshore de Rodrigues transfirieron otros 6 millones de dólares a una compañía fachada en Veracruz, según la investigación. En las órdenes de depósito realizadas en bancos de Suiza y Liechtenstein -reveladas por la organización El Quinto Elemento- aparece el código «Gigolino» como el personaje responsable de ordenar los pagos a las empresas offshore Zecapan y Latin America Asia Capital Holding Ltd., que ex directivos de Odebrecht han vinculado con Lozoya.
El caso más emblemático en el que estuvo involucrado Olivio Rodrigues Júnior fue el de las transferencias millonarias al publicista Joao Santana, conocido como el «Creador de Presidentes», quien encabezó con éxito las campañas de los Mandatarios de Brasil, Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibían los depósitos ilegales de Odebrecht a través de empresas offshore que controlaba «Gigolino» para encubrir que se pagaba por asesoría electoral.
Mediante ese esquema de transferencias encubiertas fueron financiadas por Odebrecht, entre 2006 y 2015, las campañas presidenciales de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Mauricio Funes en El Salvador, Hugo Chávez en Venezuela y Domingo Arias en Panamá, según consta en expedientes judiciales consultados para esta investigación.
«Gigolino» fue condenado el 26 de junio de este año en Brasil por lavado de dinero.
En la sentencia el juez Sergio Moro detalló que «Gigolino» y/o Olivio Rodrigues utilizaba una estructura offshore para ocultar financiamiento electoral, en concreto en la investigación por corrupción en la petrolera brasileña Petrobras.
«El lavado encubrió la utilización del producto de corrupción para remuneración de servicios electorales, con afectación de la integridad del proceso político democrático, lo que considero especialmente reprochable», anotó Moro en la sentencia, de la cual MCCI tiene copia.
«Tal vez sea ésta, más que el enriquecimiento ilícito de los agentes públicos, el elemento más reprobable del esquema criminal de Petrobras: la contaminación de la esfera política por la influencia del crimen, con perjuicios al proceso político democrático». agregó. Klienfeld, una de las empresas offshore que controlaba «Gigolino» desde la isla de Antigua, transfirió 3 millones de dólares entre 2012 y 2013 a Joao Santana, el publicista de Presidentes en al menos cinco países.
Dos empresas offshore de «Gigolino» fueron utilizadas para pagos en México en años que coinciden con elecciones, se trata de Innovation Research Engineering and Development (IREAD), afincada en la isla de Antigua, y Constructora Internacional del Sur, ubicada en Panamá, que entre 2009 y 2012 transfirieron más de 9 millones de dólares a cuentas ligadas a funcionarios o políticos mexicanos. MCCI obtuvo documentos que demuestran que ambas empresas offshore eran controladas por «Gigolino».
Un expediente del Ministerio Público de Brasil, fechado el 30 de agosto de 2017, incluye copias certificadas obtenidas mediante pedidos de cooperación jurídica internacional con los gobiernos de Panamá y Antigua, en las que consta que el accionista principal de las mencionadas empresas y titular de sus cuentas bancarias era Olivio Rodrigues Júnior.
IREAD, una de las empresas ‘fachada’ de «Gigolino», fue la que transfirió 3.1 millones de dólares a una cuenta de Latin American Asia Capital Holding entre abril y junio de 2012, que corresponde al período de campaña de Peña Nieto, de acuerdo con los estados de cuenta obtenidos por MCCI. La misma empresa offshore había sido utilizada en 2010 para transferir casi un millón de dólares a una compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company S.A. de C.V.
Detrás de esa empresa opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte. Este traspaso de fondos se realizó en los días posteriores a la elección de Gobernador. Otra firma controlada por «Gigolino», de nombre Constructora Internacional del Sur, transfirió entre 2009 y 2010 más de 5.1 millones de dólares también a Blunderbuss de Veracruz, de acuerdo con documentos en poder de MCCI.
Los primeros depósitos de esta compañía fueron en junio de 2009, unos días antes de las elecciones federales de aquel año, y el dinero siguió fluyendo en 2010, cuando hubo en Veracruz comicios locales.
El lavador de dinero que Odebrecht envió a operar en México hizo más traspasos a cuentas ligadas a Emilio Lozoya en 2013, cuando ya era director de Pemex, según el Ministerio Púlico de Brasil.
En el listado de las 20 empresas offshore que manejaba Olivio Rodrigues Júnior estaba Grangemouth Trading Company LP, creada el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, e intermediaria en depósitos a Zecapan y a Latina América Asia Capital Holding.
En cinco órdenes de pago realizadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 aparece esa offshore como intermediaria en los pagos de Odebrecht por 5 millones de dólares, que corresponderían a un supuesto soborno por una obra de Petróleos Mexicanos en Tula, según delatores en Brasil.
El Quinto Elemento Lab difundió el miércoles un video en el que el ex director del departamento de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, asegura que un intermediario, de nombre Rodrigo Tacla Durán -actualmente preso en España- era el beneficiario de la offshore y quien recibía el dinero a nombre de Lozoya, en una cuenta del banco HSBC en Mónaco. Tacla Durán -al igual que Olivio Rodrigues- era intermediario de Odebrecht en el extranjero, y, según la investigación en Brasil, llegó a manejar 12 empresas offshore en paraísos fiscales.
Todo lo que sigue surgiendo de información en el ámbito internacional sobre el escándalo generado por los trafiques de Odebrecht, contrasta con la poca acción de la Procuraduría General de La Republica (PGR) que enmarca la impunidad en cuanto a este asunto en el que huele a colusion al más alto nivel.
@salvadorcosio1
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