Por: Salvador Cosío Gaona
El año 2017 terminó y en los anales quedará como uno de los peores en la historia nacional en cuanto a inseguridad pública. El nivel de la ola sangrienta en el país llega a una media de 80 asesinatos de personas por día. Así, el 2017, sin contar diciembre, se convirtió en el año más violento en los últimos 20 años, con 23 mil 101 homicidios de enero a noviembre.
La cifra es la más alta que se registra desde que realizan estas estadísticas hace dos décadas. El número de homicidios se incrementó marcadamente desde que a finales del 2006 el entonces gobierno de Felipe Calderón provocó una controvertida y fallida ofensiva militar en contra del crimen organizado. Los homicidios entre enero y noviembre superaron el récord de 22 mil 409 asesinatos dolosos que se registró en todo el 2011. Solo en noviembre se reportaron 2 mil 212 asesinatos, mientras que en octubre se alcanzó una cifra récord de 2 mil 380 homicidios, convirtiéndose hasta ese momento en el mes más violento desde que se llevan a cabo los registros.
Entre las cifras destacan también las denuncias por violencia intrafamiliar, con 400 mil casos. También se abrieron más de mil 500 investigaciones por feminicidio y 41 mil 580 por abuso contra mujeres. Varios estados se vieron sacudidos por diversos enfrentamientos y asesinatos, incluyendo regiones que no habían sido golpeadas por la ola violenta como Los Cabos, en Baja California Sur, en ese estado, el número de homicidios pasó de 192 en 2016 a 499 de enero a noviembre de 2017. Según expertos, entre las causas de la creciente violencia que se observó en 2017 está la fragmentación de los cárteles en células cada vez más pequeñas y violentas que comenzaron a pelear por territorio y por el control de zonas productivas de cultivos ilícitos. A la fuerte violencia también contribuyó la alta demanda por drogas en México, en particular por heroína, que ha incrementado la violencia en el país, especialmente en el estado de Guerrero, donde se cultiva amapola. También la debilidad de policías municipales y estatales, la falta de coordinación e incluso su colusión en muchos de los casos, son razones detrás del repunte en la violencia junto con la corrupción e impunidad que siguen imparables.
Para atajar el problema de la violencia, el Congreso de la Unión aprobó hace unos días la Ley de Seguridad Interior, que busca en teoría cubrir un vacío legal de más de diez años generado por la decisión del Gobierno de lanzar una ofensiva militar antidrogas. Pero la ley generó polémica en organizaciones de derechos humanos, que aseguraron que la norma busca militarizar el país, a la controversia se sumó la determinación del Presidente Peña de no aplicar un clausurado, facultad expresa del titular del Ejecutivo, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita opinión sobre si contraviene a la carta magna nacional, lo que se interpretó que hasta el Gobierno Federal tiene duda de la legalidad de la ley que promulgó.
En octubre, la ONG Semáforo Delictivo alertó que el 2017 sería uno de los peores años en inseguridad en México. Índice de Paz México, alertó también la importancia de reducir los niveles de impunidad. En promedio, es castigado apenas el 9% de los delitos, además existe un alto nivel de impunidad de la violencia contra periodistas. En el 2017, 11 de ellos fueron asesinados, según Reporteros sin Fronteras.
Los estados de Guerrero, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, México, Morelos y Aguascalientes figuran como los más violentos. Solo en Baja California Sur, se ha registrado en los últimos cuatro años un incremento de asesinatos de más del 400%. Ciudad Juárez en Chihuahua, también repuntó en feminicidios tras tres años de haber mantenido una tensa paz. Por lo menos en la mitad de los Estados que conforman la República Mexicana se incrementaron las incidencias en casos de homicidio, secuestro, extorsión, robo y violación. Jalisco se ubica ligeramente por debajo del promedio que se contabiliza en todo el país, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional en el tema de inseguridad, acentuándose principalmente en los delitos de homicidio con una tasa de 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de la misma forma ocupa el tercer lugar en desapariciones según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que reconoce la cantidad de 2 mil 971 personas no localizadas, según los datos adquiridos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial; en el delito de robo de vehículos Jalisco está por encima del promedio nacional, particularmente en el año 2017 se cometieron 2 mil 603 robos, lo que indica un incremento del 122% y lamentablemente en el año se presentaron 10 casos de secuestro según las cifras publicadas en la lista de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De las cifras anteriores cabe destacar que en este último año en Jalisco solo el 11% de los delitos fueron denunciados, de los cuales el Ministerio Público inició carpeta de investigación en un 60% de los casos; de estas últimas, en el 50% no pasó nada, ni pasará.
Reprobable, rechazable, indignante y abominable, son pocos adjetivos para describir a la incesante violencia que se ha ensañado y enquistado no solo en el país, sino ahora en Jalisco, que en últimas semanas se ha visto manchado de sangre a consecuencia de varias arteras ejecuciones que se han perpetrado de manera horrenda, alcanzando todos los estratos sociales y particularmente la política. No se trata solo de las más tristes y recientes muertes cruentas de personajes conocidos y reconocidos, cuantas más habrá que por tratarse de simples y comunes ciudadanos no levantan polémica, ni acaparan los reflectores públicos y se diluyen en el tiempo y anonimato. Cualquier muerte en una circunstancia violenta y premeditada, nos debe sacudir. Es muy lamentable que nuestra entidad sea golpeada por el flagelo del crimen, al grado que incluso la alerta previa parezca que no es suficiente para brindar garantías de seguridad. El reto de todos no es solamente preocuparnos, sino ocuparnos y ahí la autoridad debe ser la primera en poner el ejemplo. Al final esta grave crisis la sufrimos y padecemos todos, es nuestro deber en la medida de las condiciones y posibilidades abonar a revertirla.
Sin que sea consuelo, sino únicamente como marco de referencia, en los últimos tiempos América Latina se ha consolidado como la región que registra mayor violencia en el mundo. Así lo refleja el último informe publicado este año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), en el que las primeras 10 ciudades -de un ránking de 50- son latinoamericanas. La mala noticia es que la situación en estos últimos meses no varió. Países como Venezuela, Honduras, México y Brasil, entre otros, siguen presentando elevados índices de inseguridad y violencia. El estudio fue elaborado con datos de 2016 sobre las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes en cientos de ciudades del mundo. No obstante, el informe no incluyó a países que se encuentran en guerra.
Con una tasa de 130 homicidios por cada 100 mil habitantes, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo al igual que en 2015, condición que confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela, además de otros gravísimos problemas. Otro dato muy desalentador para Venezuela es que es el país que más ciudades presentó entre los primeros puestos del ránking. A la capital se le sumaron Maturín, Ciudad Guayana y Valencia. Luisa Ortega Díaz, la ex Fiscal General que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro y debió exiliarse, alertó a principio de año el preocupante incremento en las tasas de homicidios. Reveló que durante 2016 en Venezuela hubo 21 mil 752 homicidios. De ese total, 4 mil 667 fueron a manos de efectivos policiales. Y este 2017 no fue la excepción. Incluso durante cinco meses, entre abril y agosto, las fuerzas chavistas llevaron a cabo una brutal represión contra la población civil que día tras día salió a las calles masivamente para manifestarse contra la dictadura de Maduro. Como saldo de la violencia del Gobierno, cientos de personas murieron, y miles resultaron heridas. En el caso de Venezuela, sumado a la grave crisis, hay que mencionar la participación de los colectivos chavistas, el grupo paramilitar que opera con total coordinación y complicidad con las Fuerzas Armadas.
Pero esta preocupación se extiende por toda la región. México es otro país que sigue sin lograr detener la ola de violencia. Por eso no resulta extraño que en el informe del Consejo Ciudadano haya dos ciudades mexicanas entre las primeras diez. Se trata de Acapulco, que se ubica en el segundo lugar detrás de Caracas, con un índice de 113 mil homicidios. La otra es Ciudad Victoria -quinto lugar-, con 84 mil. Honduras es la otra nación que aporta más ciudades. Tercera está San Pedro Sula, con un registro de 112 mil homicidios, y cuarta Distrito Central, con 85 mil. Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT)”, de acuerdo a un reporte de Human Rights Watch (HRW) presentado este año. El país centroamericano vivió semanas convulsionadas durante el mes de diciembre tras las polémicas elecciones presidenciales en las que fue reelecto el mandatario Juan Orlando Hernández. Los reclamos de fraude derivaron en saqueos, cortes de carreteras y barricadas. Protestas que fueron reprimidas por las fuerzas locales.
Los otros dos países que tienen ciudades entre las diez más peligrosas del mundo, son El Salvador y Brasil. San Salvador, con 83 mil homicidios, está en el séptimo lugar del ranking, mientras que Natal figura en la décima posición, con un registro de 69 mil. En Colombia se asesina menos. Por segundo año consecutivo, los homicidios descienden. La tasa se sitúa en menos de 24 por cada 100 mil habitantes, en un país donde a principio de siglo se mataba a más de 2 mil personas al mes. En las regiones colombianas hay 8 mil 112 armas menos, las que terminaron de entregar los excombatientes a la ONU el pasado agosto. La transición a la vida civil de la que fuera la insurgencia más grande y antigua de América Latina, ha contribuido a la reducción de muertes. El terrorismo y la subversión ya no están entre los problemas que más preocupan al Ejecutivo, sin embargo ha revivido una antigua modalidad de violencia que no se refleja en las estadísticas. A falta de una semana para que termine el año, más de un centenar de líderes sociales han sido asesinados. Son personas humildes que trabajan por recuperar las tierras que les fueron robadas durante medio siglo de guerra o que luchan porque los derechos de las víctimas se respeten. En América Latina se concentra el 8 por ciento de la población mundial. Sin embargo, el 33 por ciento de las muertes violentas en el mundo tienen lugar en esta región.
En las elecciones de 2018, en México se renovará la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la de Diputados, nueve gubernaturas y un sin fin de alcaldías y congresos estatales. Ante aquellos que aspiran a dirigir los recursos económicos y humanos del país y estados, la exigencia ciudadana debe ser la de una agenda pública clara que explique qué están planeando hacer con esos recursos, cómo enfrentarán los retos que tiene el país y cómo reducirán los altos índices delictivos y de violencia que sufre México.
Si se voltea a ver lo que sucede a nivel nacional, con base en los datos oficiales de investigaciones reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados, se puede observar cómo desde 2015 la escalada de violencia no ha cesado y en particular en este 2017, homicidios, extorsiones y robos han crecido significativamente. Si se comparan los primeros nueve meses de este año contra el mismo periodo de 2016, se ve que los homicidios dolosos han presentado un aumento de 22%; el homicidio culposo de 4%; la extorsión de 14%; el robo con violencia de 36%; el robo de vehículo 15%; el robo a casa habitación 2%; el robo a negocio 33% y el robo a transeúnte 32%.
Las nueve entidades que cambiarán ejecutivo estatal son: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De estas, siete entidades viven una abierta crisis de violencia debido al crecimiento de delitos de alto impacto. Sólo Yucatán y Chiapas mantienen índices delictivos contenidos, ya que ambas entidades siguen presentando los menores números de carpetas de investigación de delitos del país, así como las tasas más bajas de victimización, según lo reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este sexenio, Jalisco ha protagonizado escenas que preocupan y que confirmaron lo que ya se sabía: en la entidad existe una grave presencia y control del territorio por parte de la criminalidad organizada y de la desorganizada que también crece y no se detiene. No obstante, la mayor parte de los delitos de alto impacto aparecen en la parte inferior de la comparativa nacional. La extorsión ocupa el sexto lugar nacional; el robo total con violencia ocupa el séptimo y el robo a transeúnte el octavo. Sobre este último, cabe destacar el crecimiento entre 2016 y 2017 en 116%; el robo con violencia en 125%; el robo a negocio en 97%; el robo de vehículo en 26%; el robo a casa habitación en 20% y el homicidio doloso en 10%. El mes de octubre desplazó a junio como el mes más violento desde enero de 1997, al contabilizar 2 mil 371 homicidios dolosos en México, y 2017 fue el año con el mayor número de asesinatos del sexenio con 20 mil 878, superando a 2016, 2015, 2014, 2013 y con una tendencia al alza. Según las estadísticas mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta antes de octubre el récord lo ostentaba el pasado mes de junio con un total de 2 mil 238 carpetas de investigación por ese delito de alto impacto, por lo que fue considerado el más violento desde 2011, el peor año en materia de seguridad, con 22 mil 885 asesinatos. Noviembre no quedó atrás, pues quedó detrás de octubre como el segundo mes más violento del año.
A decir de los especialistas, el tráfico de drogas y la lucha entre grupos criminales por el control de territorios son las principales causas de la violencia que se ha generado en el país en los últimos meses, pero advierten que el escenario es “preocupante” porque “no hay señales de que la escalada vaya a la baja”. Según los registros, enero de este año sumó mil 927 muertes intencionales; febrero, mil 838; marzo, 2 mil 022; abril, mil 959; mayo, 2 mil 192; junio, 2 mil 238; julio, 2 mil 030; agosto, 2 mil 116; septiembre, 2 mil 185, y octubre, 2 mil 371. Lo anterior suma 20 mil 878 carpetas de investigación tan solo en los primeros 10 meses del año, contra las 20 mil 574 que se abrieron en 2016, 16 mil 909 en 2015, 15 mil 520 en 2014, 18 mil 106 en 2013 y 21 mil 459 en 2012. En esos 10 meses, Guerrero encabezó la lista con mil 924 homicidios dolosos, seguido de Baja California, con mil 733; Estado de México, mil 664; Veracruz, mil 382; Chihuahua, mil 288; Sinaloa, mil 156; Michoacán, mil 018, y Jalisco, con mil 093.
Las entidades con más homicidios dolosos en octubre fueron: Baja California, con 207; Guerrero; 198; Estado de México, 189; Veracruz, 174, y Chihuahua, 135. De tal suerte que son preocupantes las cifras de homicidio doloso reportadas, puesto que son las más altas en la historia del país. En un contexto en el que al parecer la autoridad no sabe qué hacer, se lleva ya mucho tiempo escuchando excusas alrededor de estas cifras y no se ve por ningún lado que las cosas estén mejorando.
De acuerdo a las estadísticas, todos los delitos, además del homicidio, han registrado una tendencia al alza y algunos, crecen de una manera “impresionante, por lo que hoy lo que se necesita son resultados que hagan pensar que las cosas en un futuro próximo van a mejorar.
Tristemente esos resultados no existen. A diferencia de 2011, que había sido considerado el peor en cuestión de inseguridad en la historia moderna del país, el año que recién concluyó un número importante de estados, como Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco se vieron azotados por la violencia. Si hace algunos años la violencia se encontraba focalizada, hoy prácticamente está diluida en el territorio nacional. El otro aspecto también es que la comisión de estos delitos es mucho más variada. No se puede afirmar que el problema sólo sea de homicidios, sino que prácticamente de todos los delitos. El repunte de la violencia se registró desde 2015 y a la fecha no hay señales de que la escalada vaya a bajar. De octubre de 2016 a octubre de 2017 creció 31%, y se ve con mucha preocupación la dispersión de la violencia, ya que hay casos que son dramáticos, como por ejemplo Baja California Sur.
Once estados superaron la cuota de mil víctimas, por lo que es un problema al que todavía no se le ve solución. No hay una estrategia federal para enfrentar el flagelo de la violencia y criminalidad, y la autoridad federal hace como si nada pasara. Es probable que en el recuento definitivo, encontremos que 2017 cerró con 30 mil homicidios dolosos, una tasa, de poco más de 24 por cada 100 mil habitantes, y con una trayectoria de crecimiento para el año que apenas inicia, por lo que el panorama no es preocupante, sino alarmante frente a la indolencia y desatino de la autoridad que hace oídos sordos y ojos ciegos a una realidad que ya los rebasó desde hace mucho tiempo.
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