Por: Salvador Cosío Gaona
Tras haber estado mudo varios días después de haberse difundido desde el extranjero que su administración practica ilícitamente actos de espionaje que afectan a comunicadores y activistas en pos de causas sociales incómodas, el Presidente de México Enrique Peña Nieto públicamente y en tono altivo replicó diciendo: «Ninguno de los agraviados puede demostrar que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje», y es con esta agreste reacción luego entonces, que el propio Peña Nieto atiza la hoguera en relación al escándalo inherente a las prácticas de espionaje que según el diario neoyorquino The New York Times realiza el gobierno federal a través del software llamado Pegasus.
El nuevo escándalo surgió a través del informe denominado ‘Gobierno espía’ que se dice documenta 88 intentos de infección con ese software comercializado por conocida empresa israelí a diversos Gobiernos. Los ataques, denunciados por investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la organización en defensa de los derechos digitales R3D, se denunciaron justo cuando se ventilaba el crecimiento de la ola de violencia contra miembros de la prensa en México y la fuerte crítica al gobierno por su incapacidad de presentar avances que esclarezcan los asesinatos y ataques arteros perpetrados contra comunicadores y activistas, así como el supuesto afán gubernamental de mantener a raya a los periodistas y movilizadores sociales mediante el ilegal espionaje.
Hay que recordar que ante las reacciones de enojo, reclamo y exigencia tanto del gremio periodístico como de la sociedad en general y especialmente los activistas de causas sociales y defensores de derechos humanos, se propició que surgiera una declaración desde la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a que se abriría de inmediato una indagatoria formal para establecer posible responsabilidad para quien hubiere realizado ilegal o criminal espionaje. Se dijo que indagaría al menos dos delitos: intervenir comunicaciones privadas y el acceso ilícito a equipos de informática, todo supuestamente orquestado desde el Gobierno federal en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y que las investigaciones serían coordinadas por la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle), dependiente de la PGR, debiendo señalarse que intervenir comunicaciones privadas sin mandato judicial es penalmente sancionable hasta con 12 años de prisión, según el Código penal federal y el delito de acceso ilícito a equipos de informática podría ser castigado hasta con dos años de cárcel.
Pero si ya el que las indagatorias fueren hechas por la PGR para investigar al propio gobierno tenía mucha incredibilidad y alta dosis de no confiabilidad social, provocando pronunciamientos de la sociedad y los partidos planteando una investigación a realizarse por algún esquema dotado de mayor posibilidad de autonomía, en vez de avanzarse para satisfacer la exigencia ciudadana se generaron los pasos inadecuados hacia atrás, ya que Peña Nieto se encargó de atizar severamente la hoguera al exclamar, en medio de sus ya conocidos exabruptos, que no hay tal espionaje y burlándose al decir que ‘hasta él se siente espiado’, en referencia a que según él son simples inventos y ganas de notoriedad lo que origina esos señalamientos provenientes de un diario tan importante. Pero siendo la cereza del pastel cuando exclama que ordenará a la PGR que investigue y procure sanción contra quienes difaman a él y su gobierno.
También se investigaría a los proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y a las compañías telefónicas para encontrar además si han propiciado o permitido a empresas privadas utilizar equipos o programas de espionaje para intervenir comunicaciones, mas la investigación debería incidir en la revisión de los operativos gubernamentales al respecto.
La amenaza de Peña hacia quienes según su peculiar óptica estarían pasando de afectados a atacantes de su gobierno buscando desestabilizarlo, podría estar centrada sobre los señalamientos de Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, dos de los comunicadores más famosos del país que han acusado junto a otros periodistas y defensores de derechos humanos al Gobierno de supuestos intentos de contagio a sus teléfonos móviles con el software o malware llamado Pegasus.
Obviamente la amenaza produjo un efecto demoledor contra Peña Nieto de parte de la sociedad y especialmente de los grupos y personajes vinculados a labores de comunicación y activismo comunitario contra situaciones turbias o polémicas originadas por autoridades; Peña fue enfático pero a la vez dejó dudas sobre su pretensión al señalar: «Condenamos de manera categórica cualquier intervención en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en el país, he instruido a la Procuraduría General de la República para que investigue los ataques, deslinde responsabilidades y determine si las acusaciones tienen sustento».
No obstante que posteriormente se intentó retractar al afirmar que se equivocó en la forma de expresarse y jamás quizo amenazar, lo cierto es que al volver a observar y escuchar el video originado en Lagos de Moreno con motivo de la visita presidencial a inaugurar un parque tecnológico, queda claro que en las expresiones del Presidente Peña Nieto permea todo el ánimo y la actitud agresivos y buscando sancionar a quienes osaron difamar a su administración y sentar el precedente de que no se puede insultarle acusándole falsamente, según él, sin tener a cambio una sanción severa.
Peña Nieto transpiraba enojo y una franca molestia hacia quienes habían osado acusarle a él y a su gobierno de que además de espiar también reprime y sus estertores lo llevaron a equivocarse amenazando a las víctimas en vez de mostrarse comprensivo y en el ánimo de protección y servicio a la sociedad que debe tener un gobernante. Peña parecía muy enojado y eso lo hizo equivocarse al pretender mostrar poderío y fortaleza dominante propia de un monarca absolutista en vez de enseñar la necesaria nobleza y sensibilidad social del gobernante estadista, fue así cuando impropiamente amenazó a periodistas y activistas por denunciar que su gobierno los espía, y aunque después aconsejado tardíamente intentó retractarse, no hay duda de la grave amenaza que profirió hacia ciudadanos que acusan ser víctimas y lo que exigen es una actuación apegada a derecho de parte de la autoridad y lo que menos esperarían es recibir a cambio una soez amenaza.
Como es sabido, el origen de esta amenaza presidencial fue la denuncia que presentaron organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Article 19, y SocialTIC, quienes documentaron 76 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos , que según los señalamientos ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016. La denuncia tuvo un eco internacional al ser difundida por el diario neoyorquino The New York Times.
Tras recordar una futil anécdota de cuando una joven le dio un beso en la boca y decir que por ello tenía un gran recuerdo de Lagos de Moreno, Peña dijo : «Resulta muy fácil señalar al gobierno como alguien que espía, una entidad que espía. Ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada o lastimada por esas supuestas intervenciones, y por ese supuesto espionaje. Yo mismo me siento espiado. Yo espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno” y en esta última parte de su expresión no deja lugar a dudas en cuanto a su aberrante amenaza y ordenar se use todo el aparato represivo gubernamental que está bajo su mando en contra de quienes señalaron su malestar.
Las lógicas reacciones rechazando sus amenazas y acusándolo de echar a la basura la incipiente investigación que anunció la PGR para sancionar posibles culpables de afectar a la sociedad, al haberse colocado al lado contrario ordenando investigacion y posible sanción contra denunciantes lo han obligado a recular, ahora él afirmó que no se trataba de una amenaza e insistió en que se refería a la orden que le había dado a la PGR para que investigue las denuncias presentadas, es decir: Peña Nieto se desdice de sus polémicas declaraciones y asegura que no amenazaba a periodistas o activistas, afirma que al decir lo que manifestó en Lagos de Moreno no desafiaba a informadores cuando pidió que se aplicara la ley “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos” sino que, al contrario «expresó solidaridad y ordenó investigar y sancionar a quienes los hayan atacado». Aquí haría falta quizá que un vocero saliera a corregir diciendo: «lo que Peña quiso decir es que apoya a las victimas y no que los quiera castigar severamente por acusarlo falsamente».
Se sabe que desde la oficina presidencial se ha estado llamando a Propietarios y directores de medios de comunicación para tratar de amainar este nuevo exabrupto de Peña y amainar la tensión, pero el asunto del espionaje, las amenazas y la represión a quienes disienten y expresan esa diferencia de pensamiento o denuncian actos en su contra, hacen que a los ojos de la comunidad internacional de países y organizaciones sociales, México quede marcado por tener un gobierno federal que vulnera el Estado de derecho, viola garantías constituciones básicas, espía, amenaza y reprime con el abuso autoritario de la fuerza de la que goza el Estado.
El espionaje es una práctica vieja del Estado mexicano contra quienes disienten de las políticas públicas y de actos oficiales o hacen denuncia en relación a ello o los que reivindican y en su caso defienden derechos fundamentales de la sociedad en general o grupos de personas e individuos. Más allá del hecho grave que es el espionaje contra comunicadores y activistas sociales, resulta necesario observar el desamparo e inseguridad en que están inmersos.
El espionaje es una práctica dentro de un amplio repertorio de actividades o acciones autoritarias de carácter represivo, ya que se espía, se infiltra, se hostiga, se amenaza y si nada de ello funciona, el Estado escala la represión fabricando delitos, encarcelando, torturando, hasta llegar al asesinato o la desaparición forzada. La lista de comunidades u organizaciones que tienen asesinados o desaparecidos es larguísima, estamos ante una añeja práctica represiva del Estado mexicano que es imposible negar. El gobierno espía y también reprime. Así lo ha hecho antes, así lo hace ahora. No es una situación nueva ni realizada por gobiernos de un solo partido.
Pero volviendo al escándalo provocado por las denuncias de espionaje gubernamental ilegítimo, que fueron puestas en el aíre al ser difundidas por un medio prestigiado cómo The New York Times, es importante señalar que habiendo malas experiencias de prácticas inadecuadas periodísticas en medios editados en el vecino país del norte, en algunos casos con perversidad y dolo pero en varias ocasiones por la impericia en verificar la idoneidad de la información antes de proceder a su publicación, han provocado que en la vecina nacion se hayan endurecido reglas y normas que se deben cumplir antes que un trabajo periodístico merezca ser difundido en un espacio de medios virtuales o impresos, especialmente cuando estos tienen un prestigio del que cuidar como es el caso específico en el que se inserta un afamado medio como The New York Times, de ahí que antes de señalar a ese periódico cómo perversa o dolosamente mentiroso, el Presidente de México Enrique Peña Nieto debería asesorarse para obtener un mínimo de información sobre cómo funciona el periodismo en Los Estados Unidos de América.
Y ese desconocimiento ha quedado en evidencia con su reacción al reportaje en The New York Times, del qué aparecen como autores Azam Ahmed y Nicole Perlroth y se titula: “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, reportaje que tiene todos los elementos básicos para reputarse como un trabajo periodístico serio, que señala las fuentes y referencias documentales y humanas necesarias para ostentarse como veraz, acreditando la seguridad de que el contenido del artículo expone una realidad y que además de las expresiones de rechazo dogmático, no ha sido desmentido o combatido con elementos crasos, ya que en forma por demás simple, lo único que se advierte es el rechazo ligero y sin base tanto del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como del Vocero de la Presidencia de la República, que solo niegan las cosas y afirmó que no hay pruebas.
Y en colmo de la ridiculez gubernamental, tras el rechazo dogmático viene una reacción aparentemente normal aunque tardía y sin mayor credibilidad social por parte de la PGR que ofrece investigar, mas cuando aún habría que trabajarse por parte del gobierno una posible construcción de agenda de coparticipación ciudadana para darle fortaleza a la posible indagatoria, surge la torpeza y el exabrupto presidencial, que aún siendo en el marco de un estado anímico negativo desbordado no tiene justificación alguna, siendo absurdo haber proferido las cobardes amenazas , que obviamente son más graves que cómo lo quieren cubrir los defensores de lo indefendible, ya que provienen del jefe de las fuerzas armadas y de seguridad del pais.
Y es absurdo decir que no dijo lo que es muy claro que su dijo Peña, no cabe ahora ese viejo truco tan usado por el equipo de Vicente Fox cada que escupía tonterías y ofensas a raudales , eso de : «lo que el Presidente quiso decir, es…», ya que Peña expresa coraje por lo denunciado y que se ha ya publicado, como cuando afirmó : “resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada, puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada, por estas supuestas intervenciones, por ese supuesto espionaje…” y acto seguido suelta la amenaza acompañada de ademanes y gestos claros que hacen vehemente qué piensa y siente lo que dijo.
Es sin duda muy lamentable y preocupante la actitud presidencial en contra de quienes denuncian, y en contra de posibles víctimas de la deleznable y perversa práctica de espionaje gubernamental ilícito en vez de haberse manifestado en contra de las prácticas crimínales perpetradas, esas que, como el mismo Peña aseveró : “no caben en una democracia”.
Al minimizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, restando importancia a las intervenciones ilegítimas de agentes gubernamentales y al proferir la preocupante amenaza a los denunciantes, la única posibilidad ahora al alcance de Peña Nieto es acceder de inmediato a la exigencia social en cuanto a que se instale un panel de expertos en asuntos legales y científicos que funja como revisor y evaluador de las investigaciones que realice la PGR, ya que de otra forma están desde luego ya
condenadas al fracaso.
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