Por: Salvador Cosío Gaona
La asunción como nuevo Gobernador Constitucional de Chihuahua del militante del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Corral Jurado, puede generar un parteaguas en la política nacional, incluso es factible sea un elemento a ser tomado en cuenta en relación a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, pero lo más importante es el papel que tendrá el nuevo mandatario de Chihuahua en el acendramiento de la tarea anticorrupción del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, que ha venido presumiéndose por el ‘Gerente en turno’ del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza, como algo a ser acentuado en los próximos meses.
Y es que Javier Corral Jurado, es un muy inquieto y activo político panista del que puede decirse que además de gozar de fama de hombre sin mácula en cuanto a que carece de estigma como deshonesto y no ha sido involucrado hasta ahora en algún escándalo, es un militante aferrado en buscar la democratización de su partido y en general de pugnar por dignificar la política, habiendo sido un crítico sólido de las formas inadecuadas de hacer la labor en su Instituto Político y enfrentándose a sus correligionarios gobernantes, así como a los de otros partidos en la búsqueda de limpieza y eficacia en las políticas públicas. Se ha significado por la búsqueda de una recomposición del sistema de uso del espectro público en materia de telecomunicaciones, tema en el que es un experto y un critico acérrimo de los monopolios.
Al rendir protesta como nuevo Gobernador de Chihuahua, Corral Jurado se comprometió a encabezar una administración que garantice la libertad y los derechos fundamentales de los habitantes del estado y ofreció que eliminará “los actos de corrupción del gobierno estatal” y dijo: ‘prometo cambiar un sistema que ha privilegiado a la minoría y ha olvidado a los más débiles”. El nuevo gobernador de extracción panista expuso ante el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que acudió a la toma de posesión como representante del gobierno federal, que su administración será abierta, plural, respetuosa de la ley, así como enemiga de la corrupción y la impunidad y se expreso así:
‘Mi gobierno será de una gran transparencia, los ciudadanos que se interesen podrán seguir las actividades públicas del gobernador en tiempo real, por medio de las principales plataformas de las redes sociales, lo cual abre una página inédita del contacto de un gobierno estatal”.
Habría que pensar de inicio que quien debería estar preocupado es el ahora ya exGobernador César Horacio Duarte Jáquez , pues Corral ofreció en su campaña electoral y desde que fue electo, que al asumir el cargo ordenaría investigaciones, auditorías y acciones contra actos de corrupción que se presume fueron perpetrados por César Duarte y sus colaboradores en la administración estatal anterior, pero habrá que ver si el PAN le permite a Corral actuar o se profundiza algún tipo de convenio inmoral con el gobierno federal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza Peña Nieto y éste busque defender y cubrir a su correligionario el ex mandatario Chihuahuense Duarte Jáquez a cambio de salvar a otros militantes del PAN, señalados como perpetradores de asuntos ilícitos. La Sociedad de Chihuahua y los mexicanos estaremos atentos a que se vaya a fondo contra la corrupción que se presume fue amplia en la administración de César Duarte.
Pero más allá que la presencia del Mandatario de Chihuahua irrumpiendo con firmeza en el escenario político nacional y que quizá pueda acelerar alguna acción penal contra su antecesor en el gobierno chihuahuense, resulta claro que sigue siendo una burda simulación la actitud y el discurso en cuanto a la supuesta lucha anticorrupción que dice promover el PRI, tema que ha sido el motivo central del discurso que desde su designación y posterior ungimiento como ‘Gerente en turno’ de la dirigencia nacional de ese partido ha enarbolado Ochoa Reza, quien ya además acentúa el sentimiento negativo de la población al seguirse burlando y, de no hacerse gran cosa contra los militantes priístas señalados por actos ilícitos, no pierde ocasión para criticar a quienes él considera corruptos criminales y son militantes de otro partido, como hizo recientemente en Guadalajara, exigiendo acciones contra otros sin cumplir su oferta de procurar sanción contra todos quienes estén indiciados de actos delictivos, sean del partido ideológico cualquiera, pero habiendo insistido que para poder señalar a otros era menester iniciar prohijando acciones legales contra sus correligionarios tachados de corruptos.
Y es que hasta ahora, lo único que se ha hecho es haberse dictado la suspensión de los derechos partidistas al aún Gobernador de Veracruz Cesar Duarte de Ochoa, a quien le siguen surgiendo asuntos polémicos por no llamarlos turbios, tanto en cuanto a posible desfalco del erario veracruzano en enorme medida, como en relación a temas inherentes a atentados contra la libertad, la integridad y la vida de activistas sociales y comunicadores incomodantes a su ya moribundo gobierno en Veracruz, donde ya les parece una eternidad el poco tiempo que le falta para entregar la administración al nuevo Gobernador, el panista Miguel Angel Yunes Linares, que logró el triunfo en los comicios del 5 de junio pasado como Candidato de la alianza del Partido Acción Nacional (PAN) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de quien no obstante saben puede llegar incluso a ser más peligroso que Duarte de Ochoa, prefieren ya liberarse del priísta a quien simplemente tachan de ser la calamidad socio política más grande que el pueblo veracruzano ha padecido.
Aun para los militantes del PRI, la suspensión de derechos como militante al todavía Gobernador veracruzano Javier Duarte, está considerada como un mensaje anticorrupción incompleto por parte del tricolor, pues faltan las sanciones para los ahora ex gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz, quienes están incluidos en la demanda interna de expulsión por supuestos actos de corrupción, interpuesta por el también priista Armando Barajas Ruiz, integrante de la ‘Corriente Solidaridad’, quien ha afirmado que esperará el plazo de no más de 15 días para ver si la Comisión de Honor y Justicia del PRI procederá contra esos mandatarios, o de lo contrario dice, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse contra la falta de acción oportuna y eficaz del órgano interno del PRI, que es encabezada por Fernando Elías Calles.
Desde julio pasado, y luego de que el PRI perdiera siete de los 12 estados en disputa en las elecciones del 5 de junio, la corriente priísta interna denominada Solidaridad, interpuso ante la citada Comisión partidaria dos demandas –una contra Duarte Jáquez, Duarte de Ochoa y Borge, y una más contra Medina– para que fueran expulsados del tricolor, con el argumento de que las presuntas irregularidades cometidas por esos militantes del PRI, que presuntamente cometieron acciones ilícitas siendo mandatarios estatales, constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio del PRI.
Según argumenta el denunciante en su documentado presentado al propio PRI el 20 de julio pasado y que concuerda con la información que públicamente se ha conocido al respecto, Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, acumulan en su contra al menos 78 procedimientos legales por probables irregularidades durante sus gobiernos; sin embargo, el procedimiento ha avanzado únicamente en contra de Duarte de Ochoa, cuyos derechos como militante del tricolor fueron suspendidos el pasado 26 de septiembre.
En su contra, de acuerdo con la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mil millones de pesos; 32 procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”. El mismo documento menciona que Duarte Jáquez tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015, recibió en agosto pasado una vinculación a proceso, antes llamado “auto de formal prisión”, por ejercicio indebido de sus funciones.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los mencionados, está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.
La supuesta persecución del Partido Revolucionario Institucional contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y unos cuantos colaboradores de su administración, es una aspirina para el cáncer llamado impunidad.
Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción, tendría que ir contra una larga lista de personajes entre los que destacan: César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua (PRI), Roberto Borge Angulo, Mandatario estatal de Quintana Roo (PRI); los exgobernadores Guillermo Padrés Elías de Sonora (PAN), de Tamaulipas Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández ambos del PRI, Emilio Gonzalez Márquez y Francisco Ramírez Acuña de Jalisco (PAN), de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz (PRI), de Chiapas Juan Sabines Guerrero (PRD), los michoacanos Leonel Godoy Rangel (PRD) y Fausto Vallejo Figueroa, el guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez (PAN), Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes (PAN), el coahuilense Humberto Moreira Valdes (PRI), Arturo Montiel Rojas del Estado de México (PRI), el exJefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard Casaubón (PRD), José Eduardo Robinson Bours Castelo de Sonora (PRI), de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz (PRI).
La lista podría incluir a quien fuere todopoderoso Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y la ex Procuradora General de la República Marisela Morales Ibáñez, poseedores de una amplia historia de señalamientos e indicios de muchos actos delictivos, perpetrados abusando del uso de sus atribuciones como funcionarios del gobierno anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa.
Pero además hay muchos personajes que deberían estar privados de su libertad por vinculación con distintos delitos y por influencia o corrupción, siguen impunes y como ejemplo están : Gildardo Urquídez y Matilde Gómez del Campo -Prima de Margarita Zavala Gómez del Campo- los propietarios de ‘Guardería ABC’ de Hermosillo, la ex candidata perdedora al gobierno de Nuevo León, Ivonne Alvare, que como Alcaldesa desfalcó a su municipio Guadalupe, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Arzobispo Emérito de Guadalajara y a José Luis Chávez Botello, ExObispo Auxiliar de Guadalajara y ahora Obispo de Antequera, Oaxaca, señalados por pederastia, Germán Larrea de ‘Grupo México’ presunto culpable de amplios daños a la vida e integridad de personas y al medio ambiente por el insano manejo de ‘Minera Cananea’, así como Enrique y Agustín Coppel Luken propietarios de la cadena de tiendas COPPEL, en cuya sucursal de Culiacán murieron calcinadas varias empleadas que dejaron encerradas negligentemente.
Se debería incluso actuar contra el Senador Emilio Gamboa Patrón (PRI), quien recientemente protagonizó un escándalo por el aterrizaje del helicóptero en el que viajaba, propiedad de un empresario, en un sistema de arrecifes considerado Área Natural Protegida, en la Isla Alacranes en Yucatán, acompañado del empresario y contratista de servicios al gobierno federal, Emilio Diaz Castellanos, de quien se ha dicho es socio de Mario, hermano de Emilio Gamboa Patrón y aunque en su momento lo negó tajantemente el Coordinador de los Senadores del PRI, ahora lo ha confesado y se demostró con fehaciencia quedando en el ambiente los ilícitos ambientales y el posible tráfico de influencia. Habría en el caso del reciente escándalo a cargo del Senador Gamboa Patrón, exigir una investigación en relación al buque de La Marina de México que los custodió para que la aeronave aterrizara sin contratiempo alguno en el Área Natural Protegida en la que causaron ecocidio y pudieran abordar el Yate del Empresario Díaz Castellanos, el dueño de Grupo DICAS, que como se ha dicho, es beneficiario de asignación de contratos muy jugosos por parte del gobierno federal, entre ellos algunos relativos a hidrocarburos. Además, sería fundamental que el Servicio de Administración Tributaria revisare si la renta del helicóptero y el uso del Yate pudieran estar reportados como actividades inherentes a más empresas de Grupo DICAS y además estar siendo motivo de mañosa deducción de impuestos, siendo que como ha quedado confesado, es utilizado para efectos de actividades recreativas y de esparcimiento.
Pero es casi seguro que el Senador Gamboa y su amigo empresario y funcionario -Guillermo Tovar y de Teresa, Coordinador General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)- no serán motivo de investigación ni sanción alguna, quizá todo quede en una multa a la empresa arrendadora del helicóptero.
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