Mayor apoyo a la industria del reciclaje
Por: Salvador Cosío Gaona
En México, durante los últimos años las políticas públicas implementadas han sido encaminadas a transitar a lo que comúnmente se conoce como “economía verde”, cuyo objetivo de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es contribuir a mejorar el bienestar de las personas y la equidad social, así como reducir la escasez de recursos ambientales.
El reciclaje es un eslabón primordial de la economía verde. Es una industria o sector de la economía que requiere de incentivos para su desarrollo, considerando los beneficios que puede aportar a la sociedad, desde el punto de vista económico, ambiental y social.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), si bien el número de personas empleadas en el sector se ha incrementado 44% desde 2008, las remuneraciones por persona, los ingresos generados y sus gastos erogados han disminuido desde el mismo año en 2.6; 26.1 y 16.2%, respectivamente. Lo anterior revela el estancamiento del sector.
Por otro lado, se detectan posibles incentivos perversos en la legislación fiscal actual, particularmente en lo que se refiere al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). El hecho de que el RIF sea aplicable solamente a personas físicas puede estar generando que no se crean empresas (o personas morales).
La industria del reciclaje aporta beneficios económicos y ambientales al país. Uno de los primeros pasos para el manejo integral de residuos es su recolección selectiva para su posterior reciclaje, todo en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, para el caso del reciclaje en México, esta práctica presenta algunas dificultades entre las que destacan los pocos o nulos incentivos fiscales para esta industria.
En la actualidad, y pese a los beneficios del reciclaje, se detecta una fuerte carga fiscal para la industria, lo que desincentiva su desarrollo, principalmente en lo que refiere al acopio o recolección selectiva de residuos.
Quienes realizan esta actividad deben pagar el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 5% del Impuesto sobre la Renta (ISR). El IVA le es trasladado al adquiriente (por primera vez), quien lo retiene junto con el ISR y luego lo declara ante el fisco. Lo anterior se hace a través de una “autofactura”, para lo cual el adquiriente debe dar de alta al recolector ante el SAT.
Lo anterior significa que, a pesar de que la recolección selectiva de residuos pudiera considerarse primer eslabón en una cadena de producción (como materia prima), no recibe el mismo tratamiento que otras materias primas, para las cuales la tasa de IVA es del 0%. Además de la carga administrativa que implica el esquema planteado para los adquirientes del material para reciclaje.
Parece haber una tendencia a favorecer la incorporación de personas físicas en comparación con las personas morales. De septiembre de 2013 a 2017 el número de contribuyentes personas físicas creció más del 30 por ciento, mientras que el de personas morales no llegó al 14 por ciento de crecimiento. Se infiere que el RIF ha incidido en este comportamiento, pues solamente permite la incorporación de contribuyentes personas físicas.
De lo anterior, se propone promover el desarrollo de la industria del reciclaje mediante la generación de incentivos fiscales. El impacto se verá reflejado en un aumento de los gastos fiscales, es decir, en una disminución de los ingresos del erario.
@salvadorcosio1
