Por: Salvador Cosío Gaona
Desde el sexenio presidencial a cargo de Vicente Fox, se acendró el problema de inseguridad en México y se incentivó la violencia en la época del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, sexenios de ambos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en los que la sociedad sufrió ese incremento de criminalidad, corrupción e impunidad y participaron activamente en distintos encargos pero ligados a la seguridad pública federal, Genaro García Luna y Monte Alejandro Rubido García, siendo peculiar que habiendo sido Rubido un alto funcionario en la materia en las épocas anteriores, tras haber sido duramente criticado el régimen de Calderón por Enrique Peña Nieto desde que era candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más aún al asumir la Presidencia de la República, designó a Rubido como su segundo titular en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) tras cesar al que designó y fungió como tal al iniciar su administración, que fue Manuel Mondragón y Kalb, quien no pudo sacar el delicado problema a flote, principalmente por no haber tenido respaldo suficiente de Peña para limpiar las dependencias federales vinculadas a seguridad, de ahí la incongruencia de haber llamado Peña a Rubido, a quien mantuvo bastante tiempo en el cargo hasta que hace no mucho tiempo decidió removerlo por falta de resultados y nombró al actual Comisionado que es Renato Sales Heredia, de quien tampoco puede decirse ha sido exitoso en su misión, pues es imposible afirmar que México está mejor en cuanto a seguridad que en las épocas sexenales panistas previas.
El Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, es el más reciente personaje inventado por Enrique Peña Nieto para fungir como relleno del estofado del que habrá de surgir el auténtico delfín presidencial que será el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en los comicios del 2018 y tras acatar la indicación superior y destaparse para engordar el caldo en el que ya están inmersos al menos otros 7 aspirantes a la llamada Primera Magistratura de la Nación, decidió usar el incremento de la inseguridad en México como un soporte de su discurso electorero y quizá piensa descubrió la receta del agua hervida.
El hijo del ExPresidente Miguel de la Madrid Hurtado anunció que al ser el incremento de criminalidad un gran factor de riesgo que reduce notablemente la atracción del turismo hacia nuestra patria, habrá acciones especiales de apoyo al abatimiento de inseguridad en Los Cabos, Cancún y Acapulco que en coordinación con la participación del sector empresarial en la operación y financiamiento del programa, se pretende provocar certidumbre y seguridad a los visitantes, la fórmula planteada es aplicar lo que funcionó adecuadamente en Puerto Vallarta a principios de los años noventa implementando la Policia Turística, que además de preventiva era útil para apoyar a los visitantes, mas ahora ya eso sería insuficiente en razón que ya la delincuencia está inserta golpeando a la sociedad sin distingo de áreas o zonas ni de tipo de personas y lo que se requiere es mucho más que el simple plan de apoyo a la seguridad y asistencia al turismo.
De 2012 a 2016 el Congreso de la Unión aprobó al Poder Ejecutivo Federal 3 mil 989 millones de pesos para combatir la inseguridad, pero el gasto real del gobierno supera los 34 mil millones de pesos a través de partidas secretas destinadas a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) y a pesar del cuantioso recurso público para enfrentar la inseguridad el índice de criminalidad sigue en ascenso y como muestra está que los homicidios en el mes de mayo han superado todos los registros desde 1997, ya que durante ese lapso se iniciaron 2 mil 186 indagatorias por asesinatos, lo que supera las 2 mil 131 incoadas en el peor mes del Gobierno anterior a cargo del panista Felipe Calderón Hinojosa; según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en los primeros 5 meses del actual 2017, México acumula 9 mil 916 carpetas de investigación abiertas por homicidio, un 30% más que en el mismo período de 2016, y tan solo en Mayo hubo 2 mil 452 víctimas de homicidio, 28% más que las registradas durante el mismo período de 2016 y es el número más alto registrado desde enero de 2014, ya en el Gobierno actual a cargo del Presidente Peña Nieto.
En comparación con el primer trimestre de 2016, los homicidios dolosos, las extorsiones, el secuestro y el robo a negocio presentan un aumento durante los tres primeros meses de 2017, siendo éste el año con el arranque más violento del que se tenga registro en México: mil 938 homicidios en enero.
En total, durante todo el sexenio actual del Presidente Peña Nieto el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso asciende a 75 mil 475, cifra 20 por ciento superior a los 63 mil 094 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración a cargo de Calderón; en la actual administración se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.
El aumento de criminalidad marca una asignatura fallida para Peña Nieto, quien desde su campaña ofertó una nueva realidad de crecimiento en bienestar sobre la base de propiciar paz y tranquilidad a la sociedad, lo que evidentemente no ha ocurrido ya que es creciente el alza de homicidios, robo y asalto violento a hogares y comercios, extorsiones, secuestros, despojos, fraudes y atentados contra la integridad sexual e íntima de las personas, trata de personas para fines de tráfico de órganos, prostitución, esclavismo y narcotráfico entre otros delitos que flagelan a la sociedad.
Para alcanzar bienestar, retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan proyectos productivos y con ello la creación de empleos de calidad y mejor remunerados, es preciso abatir inseguridad, corrupción e impunidad, cuya incidencia creciente se refleja en altos costos para las personas, las familias y las empresas.
El modelo de concentración de las tareas de seguridad en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha fallado porque se cometieron errores de diseño y fracasó el intento en cuanto a la plena certificación de confianza de todos los servidores con tareas ligadas a temas de prevención, procuración, administración e impartición de justicia además que no han funcionado los diversos esquemas anticorrupción y prevalece la impunidad.
Es impostergable que los gobernadores y los alcaldes asuman urgente y plenamente la responsabilidad primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los ciudadanos, tal como está previsto en los artículos 21 y 115 de la Constitución, que describen con certeza las atribuciones y obligaciones por cada orden de gobierno en materia de seguridad, siendo urgente se resuelva el marco normativo para la Fiscalía General de la República (FGR) y el más claro legal esquema de actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus actividades más allá de la defensa nacional.
No se ve clara la ruta ni la voluntad política para que se definan y apliquen normas y acciones que sean la base en la estrategia eficaz que permita abatir los altos índices de criminalidad, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad y ahora ya, para colmo de males, esos temas fundamentales para México están a merced de la conveniencia electoral.
Lo cierto es que en cuanto a resultados en materia de seguridad en México, tan malo el pinto como el colorado, o mejor dicho: tan malo el azul como el tricolor que parece también azul.
Pero podríamos quizá decir que en vez de tan malo el actual sexenio como los anteriores, habría que señalar que estamos peor ahora que antes.
Ya se ha señalado que a pesar que la inseguridad es un problema severo heredado de las administraciones federales anteriores a cargo de los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de nombre Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, el actual gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto no ha logrado amainarlo y en cambio el problema se ha incrementado sustancialmente, debiendo recordar que desde su campaña electoral como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó acremente la ineficacia de los regímenes presididos por sus antecesores y prometió acciones claras y claves tendientes a resolverlo, en lo que indudablemente ha fallado, ya que en relación a los malos resultados obtenidos, esta es sin duda una de las peores tareas a cargo del gobierno priista que lidera Peña Nieto.
Hace algunos días el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Gustavo Hoyos Walther, expresó el reclamo y petición de su gremio al indicar la urgencia de un nuevo diseño de la estrategia federal para combatir el crimen, pidiendo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que tanto el gobierno federal como los gobernadores y alcaldes asuman su parte de responsabilidad, inclusive llamando al Poder Legislativo Federal y a los Congresos estatales, a participar con decisión y real sentido de búsqueda de soluciones.
No debe escapar a la atención de la sociedad que la estrategia gubernamental contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad es a cargo del Secretario de Gobernación Osorio Chong y el fallo de esta asignatura amenaza con destrozar las aspiraciones político electorales del hidalguense, que es sabido busca ser el candidato presidencial del PRI para la elección de 2018.
Quedó obviamente muy rebasada la promesa de Peña Nieto de que en los primeros 100 días de su gobierno acabaría y aunque es cierto que el gobierno de Felipe Calderón dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su punto más alto en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año, también es cierto que el siguiente año pudieron amainar esa trágica condición ya que en el año 2012 la cifra bajó a 9 mil 158 y aunque ya en el gobierno actual la cifra bajó a 7 mil 902 en 2013 y a 6 mil 887 en 2014 así como a 6 mil 708 en 2015, el tema volvió a encenderse pues los cárteles criminales tomaron la medida al gobierno y pudieron fortalecerse y así fue como en 2016 volvió a incrementarse sustancialmente el índice de criminalidad.
En 2016 el delito de homicidio doloso sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó incremento de 22% con respecto al año anterior. En el Estado de México, Guerrero y Chihuahua, se registró el mayor número de estos crímenes, pero más allá de las denuncias, el número de asesinatos en 2016 llegó a los 20 mil 549, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que fue un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos en 2015.
En los primeros cuatro meses de este año, el total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo período en 2016. Estos cuatro meses fueron el período más violento en la historia de México.
Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos, son Veracruz, que tuvo un incremento de 122% entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65%), Colima (259%), Baja California (42%) y Chihuahua (30%). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima.
Lo más lamentable es que no hay señales de que las cosas cambiarán positivamente.
@salvadorcosio1
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