Empresarios dueños de bares en Guadalajara denunciaron clausuras arbitrarias, violentas y excesivas por parte del Ayuntamiento tapatío en los operativos de la cruzada contra el ruido. En rueda de prensa, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades.
Juan Carlos Alcalá, representante de la Unión de Bares, Antros, Centros de Espectáculos, Restaurantes y Salones de Eventos de Guadalajara, aseguró que en algunos casos las clausuras se hicieron con violencia.
«Nos dejaron casi en la indefensión y eso no se vale. El pretexto de la clausura era el que fuera, fuimos visitados por el ruido, estamos todos en una lista de ruidosos y no todos lo somos porque hay establecimientos que ni siquiera tienen equipo de sonido».
«Queremos que nos vean como empresarios, como creadores de empleos, somos más de mil 500 bares y restaurantes de Guadalajara (…) No somos enemigos».
Este fin de semana la Dirección de Inspección y Vigilancia, acompañada de la Policía de Guadalajara, clausuró 34 bares y un salón de eventos por rebasar los niveles de ruido permitidos e incurrir en conductas contrarias a la norma como la presencia de menores de edad y no contar con licencia vigente. En algunos establecimientos la música estaba a 95 decibeles cuando el límite es de 65.
Los empresarios denunciaron montos excesivos de las multas, pues en algunos casos éstas alcanzaron hasta los 180 mil pesos. Además aseguran que hubo trabas por parte de la administración para calificar las sanciones y que no querían recibirles el pago.
Indicaron también que los inspectores no realizaron las mediciones del ruido de acuerdo a la NOM 081 que indica que debe ser de una fuente fija, sin tomar en cuenta el ruido ambiental provocado por los clientes. Medida que, aseguran, no se llevó a cabo.
«Es correcto que esta administración tome en cuenta el tema de los decibeles pero tienen que llegar primero a capacitarnos e incluso algunos inspectores tampoco estaban capacitados. Hay una norma y la mayoría de las clausuras no se apegaron a esa norma oficial. No es nada más llegar y medir los 65 decibeles», señaló César García.
Destacaron la necesidad de contar con mesas de diálogo con las autoridades municipales para hacer una revisión de las normas, pues señalan que algunas de las regulaciones son excesivas y prácticamente imposibles de cumplir. Señalan que es necesario actualizar las disposiciones.
«Queremos buscar un acercamiento con las autoridades porque es prácticamente imposible cumplir con las normas. Hay que hacer una revisión de las normas y de los procedimientos porque es fácil romper normas tan estrictas».
De los 34 bares que clausuraron este fin de semana, 26 sobrepasaron el límite permitido de ruido de 65 decibeles, uno por falta de permiso para evento, dos por falta de refrendo 2017, uno por operar fuera de horario y otro por violación de sellos, entre otras causales.
Mientras que el salón de fiesta se clausuró por el ruido, falta de contrato de basura, falta de fumigación, falta de registro ante la Semadet, falta de permiso para el evento y por la presencia de tres menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas.
Los empresarios señalan que todos los establecimientos siguen cerrados, lo que ha causado pérdidas importantes a sus ingresos de entre 50 mil y 70 mil pesos diarios. Indican también que sufren del acoso de vecinos que les exigen instalación de vidrios y demás infraestructura en sus viviendas por el ruido.
Hicieron un llamado a la autoridad a tener criterio y primero apercibir ante la presencia de irregularidades para poderlas subsanar.
FUENTE: EL INFORMADOR
