Por: Salvador Cosío Gaona
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció que apoyará a México con el diseño de protocolos que permitan el regreso seguro a las clases presenciales, y sin duda se agradece. Pero el problema de fondo va más allá de protocolos y buenas intenciones cuando faltan elementos tan básicos como el agua potable en más de 46 mil planteles educativos y no se conoce de alguna inversión que esté haciendo el Gobierno Federal para remediarlo, y tampoco se ha mencionado cantidades específicas para invertir en las adecuaciones necesarias para infraestructura básica sanitaria que resultan indispensable para cumplir los protocolos pretendidos.
“La falta de infraestructura en las escuelas públicas del país en materia de agua potable y drenaje es un factor a considerar en el regreso a las aulas en el contexto de una pandemia, según muestran datos públicos sobre las condiciones de los centros educativos.
En su momento, la misma Secretaría de Educación Pública SEP dio a conocer que al inicio de esta administración más de 55,000 planteles a nivel nacional carecían de agua potable, elemento que es fundamental en las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19. La cifra se redujo para el 2020 a 46,515, lo que equivale a 23% del total de los institutos a nivel nacional con carencia del vital líquido, informó Marcos Bucio, subsecretario de Educación Básica de la SEP, en un foro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal, en julio del 2020.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que, hasta 2019, sólo 62% de los planteles educativos en México disponían de agua todos los días de la semana, 19% carecía de inodoros suficientes para los estudiantes y 58% no ofrecía agua potable.
Respecto al porcentaje de los baños en escuelas que cuentan con condiciones adecuadas de limpieza y seguridad para los niños y adolescentes, la Unicef detalló que es 40 por ciento.
Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, comentó que aproximadamente 48 por ciento de todas las escuelas públicas carecen de drenaje.
Si bien es información general y se tendría que detallar por cada región, el directivo considera que deja ver los retos importantes que implica abrir las escuelas, especialmente de manera segura para los estudiantes.
“El componente del agua para la salud de las personas quedó muy claro y evidente alrededor de la pandemia, es también claro que las condiciones adecuadas se deben presentar en cualquier centro escolar que se habilite (…) hay un llamado hacia las autoridades no sólo educativas, sino de otros rubros que atiendan el tema en las diversas localidades para garantizar el regreso”, manifestó.
La Unicef ha recomendado vigilar que la escuela cuente con acceso a una cantidad suficiente de agua para el lavado de manos, la higiene personal y la limpieza y desinfección de espacios.
“Que las estaciones para el lavado de manos disponibles sean funcionales y que siempre cuenten con agua y jabón. Es importante procurar su limpieza y desinfección frecuente y la instalación de botes de basura para la disposición adecuada de toallas y papeles”, dijo.(El
Economista 3/06/21).
En tanto, un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., estima que para un regreso seguro a clases se requieren, al menos, 10 mil 376 millones de pesos para dotar de lavamanos a 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con esta infraestructura sanitaria. Para financiar esta inversión sería necesario un aumento de 1.2% en el gasto educativo de 2021, que en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 tuvo un nulo crecimiento en términos reales.
La reapertura de las escuelas se plantea como una acción necesaria para continuar de manera óptima con el proceso de enseñanza-aprendizaje y contener los efectos negativos de la COVID-19 en la educación, como la disminución de aprendizajes y el abandono escolar. No obstante, el regreso a clases debe darse en un entorno seguro para alumnas, alumnos y docentes, por lo que el acondicionamiento de los espacios educativos demanda recursos públicos a fin de dotar a los planteles de infraestructura básica sanitaria como lavamanos.
Además, se sabe que esta es sólo una de las carencias de diversos planteles de educación básica y media superior; por ejemplo, en el ciclo escolar 2019-2020, 27% de los planteles de educación básica y 22.8% de los planteles de educación media superior carecieron de agua potable, mientras que 17.3% de las escuelas básicas y 15.8% de las escuelas de nivel medio superior no contaron con sanitarios (SEP2020).
Sin embargo, el PEF 2021 tiene programado un gasto educativo, entendido como el total de lo asignado a la función educación más lo asignado al ramo Educación Pública por medio de funciones distintas a educación, de 836 mil 404 mdp, que implica un nulo crecimiento en términos reales respecto al presupuesto educativo de 2020.
Además, se advierte que el presupuesto para infraestructura educativa en 2021 asciende a 240 mdp; es decir, 51.5% menos en términos reales comparado con el presupuesto para infraestructura educativa del PEF 2021. De este modo, se necesitaría un incremento de 1.2% en el gasto educativo para cumplir sólo una de las cuatro condiciones que sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo BID para un regreso seguro a clases.
Luis Fernando Carrera Castro, representante de Unicef en México, explicó que de los 150 millones de niños y niñas que no han regresado a las aulas en el mundo por la pandemia de COVID-19, más de 37 millones son mexicanos. En este sentido, avaló la decisión del gobierno federal de que los niños y adolescentes regresen a las aulas a partir del próximo 30 de agosto.
Abundó que el regreso a las aulas representa un desafío para todos los países del mundo. Detalló que, en los 18 meses que lleva la pandemia, 1,000 millones de niños han regresado a las aulas y 750 millones más están por volver a sus salones de clases.
El representante en México explicó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ofrecerá acompañamiento a la Secretaría de Educación Pública en cuatro niveles:
1. Protocolos seguros. La Unicef apoyará a la SEP en el diseño de protocolos para garantizar un regreso seguro a los salones de clase, pero no para un día a la semana, sino para meses.
2. Monitoreo constante. El representante de la Unicef señaló que en el regreso a clases presenciales se puedan dar focos infecciosos, por lo que es importante monitorearlos y saber manejarlos.
3. Comunicación. También se trabajará en establecer canales de comunicación con los padres de familia y maestros para que tengan la información correcta.
4. Recuperar aprendizajes. Debido al cierre de escuelas desde hace 18 meses, el representante de la Unicef alertó que se han perdido aprendizajes, por lo que urge recuperarlos, así como trabajar en la salud mental de niñas y niños.
Como ya lo comenté antes, se agradece la loable intención de UNICEF por cooperar para que el regreso a clases presenciales se haga efectivo y existan protocolos adecuados para evitar contagios entre la población estudiantil. Pero, luego entonces, ¿cómo se puede llegar al paso 1 si lo principal que falta es el agua potable, y la voluntad del gobierno federal para invertir recursos económicos a fin de solventar todas las necesidades que plantean los centros educativos para garantizar el regreso a clases seguro?
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