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Abandona corte criterio y tribunales de estados deberán asumir trabajo

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En sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó abandonar el criterio que mantenía desde 1999 de resolver controversias constitucionales donde municipios y gobiernos estatales y federal reclaman el incumplimiento de convenios fiscales.

En una votación dividida con cinco votos en favor de los nueve ministros, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, advirtió que ese criterio de hace 20 años generó múltiples inconvenientes a la justicia constitucional en México, y llenó de un trabajo excesivo a este Tribunal que no es el propio, el idóneo y el adecuado para un tribunal constitucional.

“Convirtió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación –en ocasiones– en un tribunal de cobranza municipal, de revisar si los letreros de tránsito de una ciudad deberían tener un tipo de letra u otro tipo de letra; revisar cómo tenían que estar los semáforos de un determinado municipio en cuestión de tránsito, si una barda debía construirse en un lugar o no”, subrayó.

Detalló que el criterio que hoy se abandonó surgió desde 1999, cuando ninguno de los actuales ministros formaba parte de la Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 31/1997, promovida por el municipio Temixco, Morelos, y en ese entonces se decidió que este tipo de juicios sí podían llevarse hasta el máximo tribunal del país.

Sin embargo, el ministro afirmó que, con ese criterio en promedio, el Pleno de la SCJN tiene que resolver más de 100 casos de este tipo cada año, que ocupan una gran cantidad de tiempo para asuntos que deberían resolverse por los tribunales superiores de las entidades federativas.

“No creo que sea papel de un tribunal constitucional estar analizando si se cumplió o no se cumplió un convenio entre un municipio y un estado para darle o no darle determinados fondos”, aseveró.

Dijo que hoy se está en un proceso ya democrático, plural, en donde los tribunales de los estados deben empezar a asumir la parte que les corresponde en la resolución de controversias.

Reconoció que es un cambio de criterio muy relevante y resaltó que ese tiempo que se dedicaba a este tipo de asuntos lo piden dedicar a asuntos más importantes, y tienen que ver con la defensa, el desarrollo de los derechos humanos y con las competencias propiamente constitucionales.

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