Por: Héctor Romero González
Cuando Medina Mora llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituir al ministro Sergio Valls, quien falleció en 2014, se trató de una de las designaciones más polémicas ante su trayectoria como político, habiendo fungido previamente como Director del CISEN y Secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Fox, Procurador General de la República con Calderón y Embajador en el periodo de Peña.
Ello provocó algunas de las más duras críticas sobre la independencia del máximo tribunal constitucional en su historia contemporánea, pero éste proceso solo fue opacado por su renuncia, la cual se suscitó en el marco de especulaciones sobre la presión política de presidencia, mediante el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Así, se tenía una expectativa que la nueva terna estuviera integrada por Loretta Ortiz y Celia Maya, quienes habían figurado en las anteriores fórmulas que el presidente había remitido al Senado.
Sorpresivamente, fue el pasado 22 de noviembre que, en su tradicional conferencia “mañanera”, el titular del ejecutivo anunció que las propuestas para ocupar la vacante de Medina Mora serían Ana Laura Magaloni, icónica jurista que conforma el Sistema Nacional de Investigadores y dos altas funcionarias de la actual administración pública federal, Margarita Ríos Farjat, titular del SAT y Diana Álvarez, que funge como subsecretaria de desarrollo democrático, participación social y asuntos religiosos en SEGOB.
La propuesta del presidente debe aplaudirse por dos cuestiones. En primer lugar, está integrada únicamente por mujeres, lo cual contribuye a romper el androcentrismo de la justicia mexicana, donde la máxima cantidad de ministras que han ocupado el cargo de manera simultánea en la época moderna de la Corte son dos, con lo que estaría integrada ahora por tres. En segundo lugar, se trata de una terna que permite un mayor debate en el seno del Poder Legislativo, atendiendo el perfil de las candidatas.
Ahora la responsabilidad recae en el Senado, instancia que cuenta con treinta días improrrogables para llegar a una decisión, aunque se trate de una compleja.
Por un lado está la Doctora Magaloni, quien ha sido arropada como la favorita de la opinión pública, reconociéndose su trayectoria profesional en el ámbito judicial y académico. Se dice que hay una fracción morenista que ha visto favorablemente su nominación, considerando que pudiera servir para demostrar que el lopezobradorismo no pretende la captura de la Corte y favorece la independencia de poderes.
Diana Álvarez, en cambio, fue duramente criticada incluso cuando llegó como subsecretaria de gobernación por falta de méritos académicos y una trayectoria profesional deseable. Previo al cargo que ocupa desde hace un año, fungía como directora académica de la preparatoria Tomás Alva Edison por diez años, llevando funciones primordialmente administrativas.
Sin embargo, como principal contendiente está la Doctora Ana Margarita Ríos Fajart, quien cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional como abogada litigante, no obstante, el principal valor que pudieran encontrar los senadores morenistas es una visión estatista, es decir, que sus fallos favorezcan los intereses tributarios de la administración pública, tal como aconteció en 2012 con la designación del ministro Alfredo Gutiérrez, quien también se desempeñaba como titular del Servicio de Administración Tributaria al momento de ser designado como ministro.
La constitución establece que “los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
En ese contexto, como ninguna de las aspirantes cuenta con una carrera judicial, la honorabilidad, competencia y trayectoria profesional deberán ser fundamentales para arribar a un fallo sobre quién será la decimotercer ministra desde 1917, período en el cual se han elegido más de doscientos ministros.
Así, el día de hoy, 4 de diciembre, comparecerán las aspirantes ante la cámara alta y posteriormente la Comisión de Justicia elaborará un dictamen sobre la elegibilidad de las mismas. Agotado dicho proceso, se someterá a votación de la asamblea, siendo necesaria la aprobación de, cuando menos, dos terceras partes de los senadores presentes para elegir a una de las nominadas.
La responsabilidad del Senado para definir la integración del tribunal constitucional mexicano no es cosa menor. Quien designen será responsable, en conjunto con el resto de los ministros, de definir los alcances de la constitución y todas las implicaciones que ello conlleva para asegurar nuestros derechos fundamentales y el sistema de contrapesos entre los poderes públicos.
@hecromg
