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Jalisco se consolida como líder en Transparencia

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Jalisco refrenda su liderazgo al obtener por segundo año consecutivo el 1er. lugar en la escala nacional, convirtiéndose en un referente en la evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal 2015, que realiza el IMCO

Jalisco es líder en materia de transparencia al cumplir el 100 por ciento de los criterios de la evaluación Índice de Información Presupuestal Estatal 2015 (IIPE), que realiza entre las entidades federativas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Con ello, Jalisco refrenda su posición en la tabla nacional, al ocupar por segundo año consecutivo el Primer Lugar, y en esta ocasión junto con los estados de Coahuila y Puebla, según informó el director general del IMCO Juan E. Pardinas, en rueda de prensa nacional realizada en la Ciudad de México.

Mencionó que existe un nuevo escenario para las finanzas públicas estatales, pues en el año 2014 el promedio nacional de los estados en dicho Índice (IIPE) se tuvo una calificación aprobatoria promedio del 65 por ciento, y para esta edición del 2015 se avanzó al 76 por ciento de cumplimiento.

Pardinas agregó que el principal propósito de esta evaluación es la mejora en la calidad de la información de las finanzas públicas, lo cual implica una nueva interacción entre las administraciones públicas y el legislativo local durante los procesos de elaboración de los presupuestos de egresos y leyes de ingresos.

Jalisco obtuvo las mejores calificaciones debido a que presenta de forma oficial información que permite conocer cuestiones básicas sobre los recursos que se le asignarán a cada una de sus dependencias, los tabuladores y sueldos de sus funcionarios y la situación de su deuda pública.

Además, destacó por la generación e implementación de las buenas prácticas como el Manual de Gestión y Procesos para la Evaluación del Presupuesto y una Guía de Acceso a la Información Presupuestal en sistema “Braille”, elaborado en el estado, y que fueron reconocidos en esta edición 2015.

El director general del IMCO reconoció el liderazgo de Jalisco y su compromiso con la transparencia, al entregar el reconocimiento por el Primer Lugar nacional al Gobierno del Estado, a través de Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de Transparencia del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Para el siguiente año, informó Pardinas, el IMCO realizará una propuesta a los estados, para formar equipos técnicos especializados en materia de transparencia presupuestal, con el objetivo de que esta trascienda y así lograr en algún momento que todos cumplan al 100 por ciento los criterios presupuestales y con ello terminar con la opacidad.

Los cinco últimos lugares fueron para Quintana Roo con el 50 por ciento de cumplimiento, le siguen Michoacán (52 por ciento), Zacatecas y Distrito Federal (56 por ciento) y Guerrero (60 por ciento).

El coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, Manuel Guadarrama, recordó que en 2014 terminó la prórroga otorgada a las entidades federativas para armonizar sus finanzas con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y aún se presenta incumplimiento en algunos estados. Jalisco fue una de las entidades que sí cumplió en estos términos para alcanzar dicho objetivo.

La transparencia presupuestal, es saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Salir de la opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y distribución del dinero público, afirmó Guadarrama.

El investigador del IMCO, Diego Díaz, señaló que el IIPE mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad y fomenta una serie de buenas prácticas contables, señaló el investigador del IMCO, Diego Díaz.

En la presentación del IMCO se informó además que las finanzas públicas estatales presentan cuatro grandes desafíos: alta dependencia hacia las transferencias de recursos federales; menores transferencias de la federación a los estados debido a la caída del petróleo; baja generación de ingresos propios; y creciente deuda pública.

El IIPE evalúa cien criterios agrupados en 10 secciones que incluyen:

1) Acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos
2) Aspectos generales de contenido y estructura de LI y PE
3) El uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
4) El desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno
5) Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios/delegaciones
6) El desglose de información presupuestal destinada plazas y sueldos de funcionarios públicos
7) La información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública
8) Los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas
9) El presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades federativas
10) El tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes o reasignaciones del dinero público

Finalmente, IMCO propuso siete puntos derivados de esta evaluación a las entidades federativas para el cumplimiento de los criterios que se revisan:

Solicitar que el Consejo Nacional de Armonización Contable no cambie discrecionalmente normas de contabilidad gubernamental, exija y permita un mayor nivel de desglose en la información presupuestal.

Solicitar que los estados asignen cada peso con base en evaluaciones de resultados y análisis costo-beneficio. Esto es, implementar el Presupuesto Basado en Resultados en un contexto de recorte presupuestal.

Exigir que los entes fiscalizadores locales verifiquen el cumplimiento de la contabilidad gubernamental a todo el sector público, incluyendo órganos desconcentrados, descentralizados, autónomos y poderes.

Expedir la legislación secundaria en materia de disciplina financiera y que la deuda y pasivos estatales se reporte y contrate conforme a la Constitución.

Elaborar anexos transversales que permitan dimensionar el gasto público que se destina a las niñas, niños y adolescentes con base en criterios de la UNICEF.

Actualizar los periódicos oficiales de las entidades federativas de tal forma que cuenten con un motor búsqueda, archivos descargables e índices de contenido.

Requerir a los congresos locales la publicación de los presupuestos de egresos acorde a las normas de contabilidad gubernamental y responsabilidad hacendaria.

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