Por: Verónica Juárez Piña
La Declaración Conjunta firmada entre Estados Unidos y México, para evitar que el vecino país del norte impusiera un incremento progresivo de aranceles a los productos mexicanos, significó una vergonzosa claudicación a las exigencias planteadas por Donald Trump para que el gobierno mexicano frenara a las y los migrantes que atraviesan en caravana nuestro país en busca de ingresar a territorio estadounidense.
No fue una negociación, fue una rendición incondicional. Lo que firmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en representación del Gobierno Mexicano, es contrario a la política migratoria que históricamente México ha defendido.
Al aceptar estas condiciones, México retrocede respecto a la visión de seguridad humana y se alinea con la agenda electoral de Donald Trump que, en la búsqueda de su reelección presidencial, recurre de nueva cuenta la xenofobia contra las y los migrantes, entre ellas y ellos, los connacionales que radican en Estados Unidos.
Resulta inadmisible que en la Declaración Conjunta el gobierno mexicano haya aceptado desplegar la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur a fin de reducir la migración irregular.
Con esta decisión, prácticamente el gobierno de López Obrador aceptó convertirse en policía de Estados Unidos en el territorio nacional. Es una violación a la soberanía nacional, pero además va en contra de todos los tratados internacionales en materia migratoria. La Guardia Nacional será una extensión de la Bordel Patrol en México.
Es decir, la Guardia Nacional ya no será utilizada para combatir el crimen organizado, la violencia y la inseguridad; así como para proteger a las y los mexicanos como se aprobó en el Congreso de la Unión, sino para cuidar los intereses de Estados Unidos y atender las exigencias de Donald Trump.
En los hechos López Obrador cedió convertir a México en un tercer país seguro para los migrantes como lo exigía el presidente norteamericano, pues eso significa el que haya aceptado que Estados Unidos retorne “sin demora a México” a aquellos que crucen la frontera para solicitar asilo mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo y que nuestro país ofrezca “oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional…”.
Históricamente México ha enarbolado una política exterior respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos humanos de las y los migrantes. Haber aceptado todas y cada una de las exigencias de Trump, es una vergonzosa claudicación al principio de autodeterminación de nuestro pueblo, pero lo más preocupante es una alineación con la visión retrógrada, xenófoba y violatoria de los derechos humanos de las y los migrantes que el presidente norteamericano lleva a cabo en su país.
Incluso en los momentos más difíciles de la historia reciente de la relación bilateral, México no había permitido tantas ofensas, imposiciones y agresiones por parte de un presidente estadounidense y es mucho más lamentable que un gobierno que presume de tener origen en la izquierda, haya aceptado esta vergonzosa claudicación.
El problema de fondo es que el gobierno de Andrés Manuel carece de una visión estratégica de política exterior y en lugar de buscar alternativas, que sí las tenía, decidió plegarse a las presiones de Trump, aunque eso implicara vulnerar la soberanía nacional, colocarse como patio trasero de Estados Unidos y aceptar la política del garrote y violatoria de derechos humanos que exigía el presidente estadounidense.
A nadie engaña López Obrador con el mitin en Tijuana en donde “celebró” los acuerdos entre ambos gobiernos. En realidad, exhibió públicamente una abyecta derrota frente a Donald Trump, ante quien dijo que no se doblegaría. Este será recordado como una de los episodios recientes más vergonzosos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
