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Una agresión más contra las niñas y los niños

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Por: Verónica Juárez Piña

La suspensión de la aplicación del Tamiz Neonatal en 12 entidades federativas por parte de la Secretaría de Salud Federal pone en riesgo la vida de miles de recién nacidos y significa una agresión más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra las niñas y los niños.

Como en tantas otras ocasiones, hay un discurso contradictorio e incongruente para justificar esta decisión. Por un lado la Secretaría de Salud negó la información y aseguró que la prueba sí se estaba llevando a cabo en todos los Servicios Estatales de Salud; pero su titular, Jorge Alcocer Varela, reconoció que ésta se había dejado de aplicar en hospitales de 12 estados.

La dependencia federal sostuvo que la falta de aplicación se debía a que el contrato con el proveedor había concluido y porque se revisaría la licitación otorgada en el gobierno anterior por denuncias de irregularidades.

Sin embargo, Alcocer enfatizó que el combate a la corrupción no debería interrumpir la prestación de los servicios; pero el Presidente de la República lo contradijo al declarar en la conferencia mañanera de 4 de abril que el desabasto eran consecuencia de la lucha contra la corrupción “y ahora sí que disculpen por las molestias que estas obras ocasionan, pero la corrupción la vamos a acabar…”

Nuevamente, a nombre del combate a la corrupción, el Ejecutivo Federal violenta derechos. Pero es importante decirle al Presidente que “no son molestias” sino violaciones que pueden causar en muchas ocasiones la muerte a recién nacidos porque el que no se hagan esta prueba puede afectar a su desarrollo.

De acuerdo con la propia Secretaría de Salud, desde 1998, el tamiz metabólico neonatal es una prueba obligatoria que se le realiza a todos los recién nacidos en México.

Ayuda a detectar enfermedades como hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa. También es posible detectar hipoacusia y sordera congénita.

La prueba permite tener un diagnóstico temprano y adecuado y en consecuencia es posible aplicar el recién nacido el tratamiento preciso y oportuno.

Por eso considero que la suspensión es una decisión apresurada y equivocada. El Presidente afirmó que esto se resolverá en las próximas semanas. Lo que no entiende que es vital que esta prueba se aplique en primeros cinco días. Después ya no es útil.

Nadie responde qué pasará con los miles de recién nacidos a los que no será posible aplicar el Tamiz y cuyo sano desarrollo e incluso su vida podría estar en riesgo.

Por eso respaldo la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en un exhorto señaló que las autoridades “no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, máxime de niñas y niños, cuyo interés superior debe ser la consideración primordial en cualquier decisión y actuación de las autoridades”.

Desde el Congreso de la Unión seguiremos dando la batalla para visibilizar y denunciar estas y otras arbitrariedades y abusos injustificables, sobre todo contra los más desprotegidos, los recién nacidos.

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