Por: Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez
La nota periodística del fallecimiento de una persona a causa del COVID19 en un hospital regional del ISSSTE dependiente de la delegación Jalisco, y por supuesto perteneciente al sistema nacional de salud donde se brinda el servicio médico a los trabajadores al servicio de estado, prendió los focos rojos dado que un prestigiado diario (El Informador en formato digital 270320) publicó que la persona fallecida el jueves 26 de marzo no era derechohabiente y el personal del hospital no se percató del hecho hasta que murió, además que, no coincidía la identidad de la persona con los documentos de ingreso. Esta situación llamó poderosamente la atención y puso de manifiesto el desorden en el sistema de salud oficial.
Dicha situación que parece más de forma, tiene mucho más de fondo. Irregularidades que se antojan menores, ponen de manifiesto la forma en que se administra institucionalmente el sistema de salud en el país, cargado de errores, burocracia, tranzas, chuecuras, ineficiencia administrativa, corrupción, además de prebendas políticas y sindicales, instalaciones y equipo insuficientes, escasez de medicamentos y por supuesto doctores y personal sin el equipo de protección adecuado para realizar sus tareas en casos tan delicados o urgentes como una pandemia.
Este hecho nos lleva a realizar un análisis más amplio de los momentos que atraviesa nuestro país en materia de salud, inserto en un panorama político, económico y social plagado de cambios y poco claro, que en las últimas semanas se volvió una pesadilla con la aparición del COVID-19.
Dentro de este escenario los diferentes niveles de gobierno no atinan a establecer una estrategia en conjunto para combatir la pandemia nacional que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza mayúsculo tanto en lo social, como en lo político y peor aún, en la salud y lo económico.
La realidad es que ni el Estado en su conjunto, ni la sociedad, están preparados para afrontar una situación de esta naturaleza. Dentro del cúmulo de errores en materia de salud que se han sumado a través de los años, aparece un virus del que no existe antecedentes en estas generaciones. Hoy nos encontramos con un sistema de salud oficial con grandes deficiencias y carencias, una descoordinación y desarticulación de los diferentes niveles de gobierno al margen de las ideologías políticas o partidistas y un marco jurídico deficiente donde varias de las leyes o reglamentos se han realizado con un efecto mediático, a la fecha esta serie de errores nos ponen en una encrucijada.
Ante la aparición del COVID-19, el gobierno federal respondió con una tardía y lenta respuesta implementando medidas sanitarias mínimas, so pretexto de proteger el empleo y la planta productiva, que a medida que pasan los días ha tenido que ir modificando, pero que desgraciadamente en los presupuestos autorizados al día de hoy no se ve reflejado como prioridad la salud, tanto en la ampliación de la cobertura, como en construcción de nuevos hospitales, ampliaciones o mejoramiento de los existentes, en mobiliario y equipo con la suficiencia, calidad y seguridad que requiere la población, en un rubro estratégico y de seguridad nacional para el país, que hoy desgraciadamente es insuficiente en cobertura e instalaciones y se encuentra rebasado en cuanto la atención a la ciudadanía.
Pero si para la salud no hay los suficientes recursos programados, menos aún para proteger y consolidar la planta productiva del país, el gasto autorizado para el ejercicio 2020 tampoco contempla destinar recursos para paliar los impactos económicos de una recesión que avanza vertiginosamente y un entorno económico desfavorable, al contrario se redujeron partidas de fondos de contingencia y se cancelaron programas de estímulos a la planta productiva, por supuesto tampoco contempla programas o medidas de apoyo a los propietarios de negocios, emprendedores, profesionistas independientes, micro o pequeñas empresas o profesionistas independientes, que en su mayoría son los que generan el empleo y los impuestos en el país, el gasto de infraestructura concentrado en unos cuantos proyectos que no contribuyen a la economía de la población en general, por cierto muy cuestionables y polémicos, pareciera que su prioridad es destinar recursos al gasto asistencialista y no al gasto productivo.
Para enfrentar la crisis de salud y sus repercusiones económicas, los gobiernos de los estados han tenido que caminar independientes y prácticamente solos para afrontar la situación, pero la descoordinación en las medidas sanitarias y políticas públicas se ha hecho patente a nivel nacional. El gobernador de Jalisco tomó la iniciativa y delantera, impulsando una serie de medidas sanitarias, así como la asignación de una importante bolsa de recursos económicos estatales en apoyo al campo y pequeños negocios. Estas acciones contrastan con las del Gobernador de Puebla, donde emitió declaraciones verdaderamente irresponsables, estableciendo que “El COVID-19 es una enfermedad de los ricos y no les da a los pobres”, desgraciadamente el mensaje que le dio a la población es una clara referencia a la lucha de clases, que creímos erróneamente que ya estaba superada, declaraciones que abonan a la polarización de la sociedad, mandando una clara señal de resentimiento social, desinterés oficial y minimizando la emergencia. Preocupante cuando lo declara un gobernador.
Por supuesto que varios gobiernos y políticos han aprovechado la crisis para sacar ventaja política de una situación muy seria, desacreditando a los opositores, pregonando sus bondades, mandando un mensaje claro que si no estás de acuerdo con ellos, estás en su contra, como si todos los habitantes del país tuviéramos que estar en uno u otro bando. Discursos, frases, ataques, declaraciones que solo contribuyen a una polarización de la sociedad, donde parece que algunos actores le abonan a la lucha de clases y división de la sociedad en lugar de unir para afrontar una verdadera crisis de salud y económica que apenas inicia, sumando y profundizando la crisis social, contario a lo que se pensaría de tener una sociedad más justa, menos desigual, más unida y con mejor calidad de vida.
Por otro lado, las diversas instituciones educativas, los organismos de la sociedad, las asociaciones gremiales, así como iniciativa privada a través de los organismos empresariales, en su mayoría se han sumado e impulsado las medidas sanitarias que les ha solicitado el gobierno federal, sus respectivos estados, y los municipios en sus casos. Podríamos decir que la sociedad civil organizada ha trabajado de una forma mucho más articulada y emprendido acciones más coordinadas, eficientes, solidarias, prácticas y con mejores resultados en materia de salud, pero también han levantado la voz de alerta de los riesgos económicos y de empleo que se avecinan con un alto índice de preocupación por los resultados negativos en la economía que se avizoran si no se toman las medidas pertinentes por parte del estado en su conjunto.
Los medios de comunicación y las redes sociales, para bien o para mal, han jugado un papel muy importante en la difusión de la información, tanto del avance de la pandemia a nivel mundial, como nacional y local, así como las medidas preventivas que se deben de tomar para protección a la salud de la población en general. Muchos han tomado un sentido más crítico resultando incomodos para algunos gobernantes al señalar sus errores y carencias de la administración pública en materia de salud y sus políticas públicas.
Tiempos de crisis, tiempo de oportunidades. Este desorden que evidencio de manera vertiginosa el COVID-19 a nuestro sistema político, nos lleva a una serie de profundas reflexiones. Primeramente, reconocer la debilidad de nuestras instituciones que día a día algunos políticos socavan más. Segundo, la deficiente priorización del gobierno de las necesidades de la población en materia de equipamientos y servicios. Tercero, la contaminación de la política en la vida nacional con una desarticulación total entre los diferentes niveles de gobierno así como el enfrentamiento entre ellos. Cuarto, las decisiones políticas sobre los aspectos técnicos así como el respeto hacia las diferentes profesiones, especialidades y actividades de la sociedad civil. Quinto, como sociedad hemos olvidado valores tales como solidaridad, apoyo, tolerancia, honestidad y respeto, entre otros de vital importancia para la convivencia en comunidad y la vida en familia.
El verdadero virus que amenaza en convertirse en una pandemia sin cura está en la sociedad, hemos permitido que la agenda política, la corrupción, el egoísmo, los intereses político-partidistas, entre otros aspectos dominen y contagien las instituciones, nuestras vidas, nuestras actividades cotidianas, pero, además, la lucha de los intereses partidistas ha contaminado y dividido nuestras familias, amigos, comunidad y sociedad en general.
La sana convivencia de una comunidad parte del tener un estado que brinde seguridad en los bienes y las personas, un estado de derecho efectivo, una mejor calidad de vida, una sociedad más justa, menos desigual, incluyente, con valores, con desarrollo económico, intelectual, cultural, social, institucional, con leyes más justas y un irrestricto respeto a ellas, el respeto a los derechos humanos, comunidades con un desarrollo urbano sustentable y con respeto al medio ambiente entre otros aspectos, estas políticas públicas pareciera que solo están presentes en los discursos pero que no se reflejan en las acciones y menos en los presupuestos.
Cualquier crisis por difícil que parezca se supera con planeación, estrategia, apoyo, profesionalismo, imaginación, honestidad, constancia y entrega, con metas muy claras y precisas a corto, mediano y largo plazo, debemos de reconocer que estamos en un mismo barco, asumir y comprometernos a remar parejo en el mismo sentido si realmente queremos sortear la tempestad. A través de los años nuestra sociedad ha demostrado que poseemos una capacidad de trabajo excepcional, una capacidad especial en superar las adversidades, un gran sentido de solidaridad y apoyo hacia los demás, características muy propias de nuestro pueblo, hoy más que nunca debemos de apelar a esos valores, pedirles y exigirles a las autoridades que actúen de la misma forma incluyendo valores, honestidad, respeto, profesionalismo y unidad.
