Por: Dr. Luis Arturo Jiménez Castillo*
El apoyo del Presidente de la República al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, durante «La mañanera» del martes 20 de junio, al ser cuestionado respecto al encarcelamiento de Angélica Sánchez, Juez de Cosamaloapan, Veracruz, brindó el marco perfecto para enviarle un mensaje directo, claro y contundente a los integrantes del Poder Judicial, Federal y local: «(…) en este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo, contra los jueces, y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público, el que va a decidir, y luego, los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran (…)».
Si bien es cierto que el Poder Judicial Federal y los de las Entidades Federativas, tienen una deuda pendiente con la sociedad -¿el Legislativo y el Ejecutivo, no?-, el mensaje presidencial debe leerse como una estrategia articulada para hacerse del control del órgano de dirección del Estado, que ha tenido la última palabra respecto a la legalidad o la constitucionalidad de proyectos clave para el gobierno en turno, convirtiéndose así en el único contrapeso al poder presidencial -en la misma conferencia, el propio Presidente dio por sepultada la segunda parte del «Plan B», sólo por citar un ejemplo-.
Esta estrategia ha involucrado el nombramiento de Ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el falso debate de que los Ministros, Magistrados y Jueces deben ser electos mediante voto popular, el intento de colocar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a 40 Magistrados, y ahora, la persecución de los juzgadores.
Más allá de filias y fobias hacia cualquier opción partidista, la democracia exige una distribución del poder político, de tal manera que nadie pueda tener una hegemonía, generándose un equilibrio entre los Poderes. Por nuestro bien, en 2024 nadie debe alcanzar el «carro completo».
* Presidente del Colegio de Abogados «Juárez Siglo XXI» del Estado de Jalisco.
