El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden para incrementar las operaciones de deportación de migrantes indocumentados en varias urbes del país, principalmente en aquellas gobernadas por alcaldes demócratas. La medida busca fortalecer la política migratoria del gobierno y responder a las protestas y movilizaciones contra las redadas masivas ocurridas en semanas recientes.
Según declaraciones del mandatario, las acciones se enfocarán en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, consideradas centros neurálgicos de la comunidad migrante, especialmente de origen latino y mexicano. Trump criticó duramente a los gobiernos locales y a los políticos demócratas, a quienes calificó de “enfermos mentales” y responsables, a su juicio, de promover una agenda que “odian” a Estados Unidos y que ha contribuido a lo que él denomina una “migración de destrucción masiva”.
Asimismo, el anuncio se produce en un contexto de movilizaciones sociales, incluyendo protestas en diversas ciudades y manifestaciones como ‘Un día sin inmigrantes’. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en las próximas horas sostendrá una reunión con Donald Trump en el marco del G7 para abordar temas relacionados con la migración y la cooperación bilateral.
Por otro lado, a través de un comunicado, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) expresaron su compromiso con la ejecución de las redadas, destacando la “determinación” de sus agentes en la operación que, según afirmaron, será la mayor deportación masiva en la historia del país. El personal del ICE denunció presiones y amenazas provenientes de sectores políticos y sociales, pero reafirmó su misión de proteger la seguridad y bienestar de los estadounidenses.
El orden presidencial también incluyó críticas a las políticas de “ciudades santuario” y a ciertos debates sociales sobre derechos de género y participación en deportes, que Trump calificó como ejemplos de “ideologías radicales” que, a su entender, amenazan la cohesión social y la seguridad pública.
La administración estadounidense reafirmó su intención de priorizar la deportación de aquellos migrantes considerados una amenaza para la seguridad y el orden interno, y prometió dedicar todos los recursos necesarios para revertir lo que describen como una ola migratoria que, en su visión, ha transformado comunidades tranquilas en escenarios de “caos y delincuencia”.
La polémica medida continúa generando debate en el ámbito nacional e internacional, mientras las autoridades mexicanas y organizaciones civiles llaman a la reflexión sobre los derechos humanos y las consecuencias sociales de estas políticas.
Información actualizada con fuentes oficiales y declaraciones del gobierno de Estados Unidos.
