Un juez federal declaró hoy ilegales las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump que bloqueaban el asilo político a las víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
El magistrado Emmet Sullivan de la Corte Distrital de Washington, DC, determinó que las directrices son violatorias de la Ley de Refugiados y de la Ley de Naturalización y Migración (INA), por lo exigió al gobierno repatriar a las personas mencionadas en la demanda y que fueron deportadas bajo la ley
“Muchas de estas políticas son inconsistentes con la intención del Congreso articulada en la INA. Y porque es la voluntad del Congreso y no los caprichos del presidente lo que determina el estándar de una remoción expedita, la Corte determina que las políticas son ilegales”, escribió el magistrado.
En el caso de los inmigrantes nombrados en la demanda y que ya fueron deportados, Sullivan señaló que deben ser devueltos a Estados Unidos a fin de que reciban nuevas determinaciones de “miedo creíble” que sean consistentes con las leyes actuales y no con las restricciones de Trump.
Las limitaciones, impuestas en junio por el entonces procurador Jeff Sessions, fueron denunciadas por organizaciones de defensa de los inmigrantes como “crueles” e “inhumanas”.
Sessions instruyó a los jueces migratorios a no considerar la violencia doméstica ni la violencia provocada por “actores no-gubernamentales” como una justificación legal para el otorgamiento de asilo.
“Un extranjero puede sufrir amenazas y violencia en un país foráneo por muchas razones relacionadas con sus circunstancias sociales, económicas, familiares o personales. Sin embargo, el estatuto de asilo no ofrece alivio para todas sus desgracias”, escribió Sessions.
La decisión del procurador revirtió el fallo de una corte que otorgó asilo a una inmigrante del Salvador que había sido objeto de una violación sexual por parte de su esposo.
Expertos estimaron en su momento que miles de víctimas de violencia podrían quedar afectadas por la determinación de Sessions, que tiene lugar en medio de un repunte de las detenciones fronterizas de inmigrantes procedentes de Centroamérica, algunos huyendo de violencia de las pandillas.
