Los líderes sindicales de la burocracia nacional integrantes de 24
organizaciones de 19 entidades de la República, entre ellos Jalisco, reunidos en el Primer Congreso Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, concluyeron en la necesidad de dar un voto de confianza a las nuevas autoridades gubernamentales, pero al mismo tiempo lanzaron una exigencia de respeto a la autonomía sindical y a los derechos de los trabajadores.
Los temas de salario y seguridad social, derechos laborales, libertad sindical y convenios internacionales, se abordaron en detalle en el Congreso organizado por la FESTEM que lidera Águeda Galicia Jiménez, en el que Jalisco tomó parte con una representación de 40 delegados de los 10 sindicatos adheridos a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco que encabeza Martha Elia Naranjo.
El Congreso tuvo lugar en el auditorio del Sindicato Mexicano de
Electricistas que encabeza Martín Flores Esparza, y al que acudieron ponentes internacionales como el líder obrero español, Manuel Zaguirre, el luchador sindicalista guatemalteco José Pinzón y el académico estudioso de los fenómenos sindicalistas en el mundo, Pedro Villegas Rojas, entre otros.
En su oportunidad Manuel Zaguirre planteó que el mensaje a las nuevas autoridades en el país (que podría aplicar también para el caso de Jalisco), debe ser de que nuestra autonomía sindical es sagrada y que el sindicalismo no emite cheques en blanco a las nuevas autoridades, pero si se debe de hablar de acuerdos de responsabilidad, respeto mutuo y voluntad de diálogo.
El anfitrión, Martín Flores Esparza dio cuenta de lo que ha ocurrido 9 años después de que el presidente Felipo0e Calderón intentó ilegalmente extinguirlos cerrando la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, dijo que resistieron pesos a la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy no solo mantienen vigentes las fuentes de trabajo sino que han creado empresas solidarias con la sociedad y en ellas generan energía eléctrica que se brinda a precios más bajos que los que vende la CFE.
Águeda Galicia recordó el plantón que tuvieron que realizar durante 744 días en la ciudad de Tepic, Nayarit para sobrevivir a una embestida del gobierno “y aquí estamos de pie y con la frente en alto”, recalcó.
Galicia Jiménez alertó también sobre la necesidad de la unidad de
sindicalismo, para hacer frente a enemigos poderosos que ellos sí se aglutinan, se reúnen y acuerdas como violentar los derechos de los trabajadores, desde organizaciones como la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Asociación de Alcaldes de los municipios del país.
En la Mesa 1 en la que se analizó el tema de “El salario y la Seguridad Social”, se concluyó que se planteará al nuevo gobierno federal un subsidio fiscal por pago del Impuesto Sobre la Renta, respeto al derecho a huelga y el paro de labores y la no intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno en el derecho de asociación.
En la Mesa 2 se analizó el tema de “Los Derechos Laborales y la
conclusión fue la exigencia de que se dé marcha atrás a la reforma a la ley laboral del 2012, el rescate del artículo 123 y sus leyes reglamentarias y particularmente eliminar el concepto de la contratación vía del outsourcing.
En la mesa 3 el tema fue “Por el respeto de la libertad sindical” y las conclusiones fueron plantear el reclamo de una política social
incluyente, el reconocimiento de los derechos cabales de los
trabajadores, no solo respetando la libertad de asociación, sino
contribuyendo a la realización de los trabajadores como individuos y de sus familias, sin discriminaciones.
“Los Derechos Humanos y los Convenios Internacionales”, fue el tema de la Mesa 4 y ahí se dejó en claro que contratos de palabra, por honorarios, eventuales, etcétera, son violatorios de los derechos humanos, de acuerdo a las cartas, convenciones y tratados de derechos internacionales signados por México y que en la actualidad de violentan de manera impune.
Se acordó finalmente en el Primer Congreso Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, que estas conclusiones se harán llegar al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y al Poder Legislativo federal, en concreto a los integrantes del Senado de la República.
