El decreto emitido por la Fiscalía General de Estados Unidos anunciando la eliminación total de los cárteles de la droga es poco claro en sus alcances, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que deberían “empezar por su país”.
Cuestionó: “¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos, que han provocado tanta tragedia? ¿Adónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos?”
La presidenta también ratificó que aun cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, no lo incluyó en la notificación de la conversación telefónica, el tráfico ilegal de armas a México fue un tema que ella planteó en esa ocasión. “Estuvo en la conversación y estoy segura de que va a ser parte de las pláticas, y de la colaboración y coordinación conjunta”, dijo.
“Yo le dije: A ver, ¿cómo es posible que un lanzagranadas, que es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, sea incautado en México a un grupo de la delincuencia organizada?”
Más adelante, complementó su respuesta expresando sus dudas sobre quiénes son los que venden armamento al crimen organizado en México.
Claudia Sheinbaum aludió a las denuncias que ha presentado México ante las instancias judiciales estadounidenses, una de las cuales se mantiene a nivel de los juzgados, pero otra escaló a la Corte, precisando que uno de los recursos es contra las distribuidoras y otra contra los fabricantes.
Consideró que impedir ese tráfico ilegal de armas es algo que conviene a ambas partes, por eso se requiere colaboración y trabajo coordinado para impedir que llegue la droga a Estados Unidos y las armas a México. “A ellos les debe de interesar mucho, no es un asunto de que: ‘Ay, a ver, tú me dices que el fentanilo, yo te digo que las armas’. No, no es eso, es que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas”.
Al referirse al decreto de la fiscalía estadounidense, expresó sus dudas sobre los alcances del mismo: “no se entiende muy bien, es un decreto general con menciones. Pero ¿en qué se va a traducir? Hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir.”
En otro orden, desestimó nuevamente la posibilidad de un incremento de elementos de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), porque en su caso eso requiere del aval del gobierno mexicano.
Finalmente, refirió que desde el 20 de enero a la fecha van 10 mil 964 migrantes deportados al país: 8 mil 425 mexicanos y 2 mil 539 de otras nacionalidades.
Agregó que para el traslado de personas de otras nacionalidades ya han salido aeronaves a Honduras, aunque también hay traslados vía terrestre, especificando, según dijo, que son retornos siempre voluntarios.
Con información de La Jornada.
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