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SCJN desecha revisión de amparo obtenido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la revisión del amparo obtenido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que obliga a Grupo México a reconocer la huelga en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, del 30 de julio de 2007.

El alto tribunal consideró improcedentes los recursos de revisión presentados por el secretario General y la apoderada legal del tercero interesado (el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración y Beneficios de Minas de la República Mexicana e Industrial Minera México -SNTEBMRMIMM-), pues incumplen con los requisitos de los artículos 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y dio por concluido el asunto.

El recurso se presentó en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (que ratificó el amparo del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México).

Empero, el SNTMMSSRM, encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia celebra el fallo de la SCJN, pues ratifica que es ilegal el contrato colectivo de trabajo entre la empresa Industrial Minera México -filial de Grupo México- con el SNTEBMRMIMM para reiniciar actividades en agosto de 2018.

Por lo anterior, debe retirarse de las instalaciones de San Martín o se requerirá a la fuerza pública. 

La organización sindical de Gómez Urrutia obtuvo la protección de la justicia en noviembre, lo que obligó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dejar sin efecto el laudo emitido el 2 de abril de 2019 y emitiera otro en el que determine que no se puede conformar el padrón de trabajadores con derecho a voto, para desahogo de la prueba de recuento, con documentos relacionados hasta junio de 2007.

La huelga de la mina de Sombrerete estalló hace más de 12 años por diversas violaciones a los derechos laborales que no fueron atendidas por Grupo México, que acusó de ilegal al movimiento sindical en 2012.

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