La Secretaría de Gobernación reafirma su postura en contra de la censura mientras Puebla revisa su legislación sobre ciberacoso
En medio de un contexto de debate público, la Secretaría de Gobernación (Segob) expresó su respaldo a la participación ciudadana en la revisión de la ley sobre ciberacoso aprobada en Puebla, asegurando que el gobierno mexicano se mantiene firme en la defensa de las libertades y los derechos fundamentales. La postura fue manifestada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez durante la conferencia de prensa matutina, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Canadá participando en reuniones del G-7.
La funcionaria fue consultada acerca de la iniciativa del gobierno poblano que contempla multas y prisión por delitos relacionados con el ciberacoso, y aclaró que México está en contra de cualquier forma de censura. “Seguimos la línea de un gobierno que respeta las libertades y los derechos, y en ninguna circunstancia estamos a favor de censurar a los medios o a la ciudadanía”, afirmó.
Rodríguez Velázquez destacó la invitación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al Congreso del Estado para que revisen y discutan públicamente el artículo polémico de la ley. “Es importante que toda la sociedad, incluyendo periodistas, padres de familia y ciudadanos en general, participe en la evaluación de estos artículos para evitar que se limite la libertad de expresión”, puntualizó.
La funcionaria añadió que, aunque la ley ya fue aprobada, el proceso de revisión abierto a la ciudadanía es positivo y puede conducir a ajustes necesarios. “El pueblo de Puebla tiene la oportunidad de expresar sus opiniones; en el gobierno federal estamos en contra de la censura y valoramos la participación de la sociedad en estos temas”, afirmó.
El debate en torno a la legislación sobre ciberacoso en Puebla continúa, con voces que llaman a garantizar los derechos digitales sin restringir las libertades individuales. La revisión en curso busca equilibrar la protección de las víctimas con la libertad de expresión, en un contexto donde la participación ciudadana es clave para definir los límites y alcances de las normativas digitales.
Con información de El Heraldo.
