La tensión alrededor de las modificaciones a la Ley de Ciudadanía en la India no hace más que crecer: la cifra de muertos se ha actualizado en 46 y se ha generado un intercambio de opiniones entre la ONU y el gobierno asiático.
Además de los muertos hay miles de detenidos en las cárceles y, hasta hace 5 días, se reportaban más de 200 heridos, producto de los enfrentamientos entre musulmanes y extremistas hindúes.
Ante estos hechos la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó que el Tribunal Supremo de la India participe en la discusión sobre la Ley de Ciudadanía.
El documento, que fue transmitido desde la ONU a la diplomacia de la India, indica la preocupación de la instancia internacional sobre la aplicación de las leyes internacionales con respecto a los Derechos Humanos que también abarcan a los refugiados.
La nueva Ley de Ciudadanía ha sido cuestionada porque permitiría que diversas minorías religiosas de la zona como parsi, sij, budistas, entre otros, soliciten la ciudadanía cuando ingresen como indocumentados a la India. Sin embargo los musulmanes han quedado excluidos de esta decisión.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno de la India ha sido de rechazo a lo que consideran una intromisión en los asuntos internos.
“Creemos que ninguna parte extranjera tiene la capacidad para presentar tal petición en temas que corresponden a la soberanía india”, expresó Raveesh Kumar, el portavoz de Relaciones Exteriores de la India.
La polémica Ley ha generado también tensiones internas entre los extremistas hindúes y los musulmanes. Incluso, según La Vanguardia, se ha desatado un éxodo de musulmanes por miedo a los ataques racistas en su contra.
El nuevo texto legislativo fue aprobado en diciembre de 2019, pero los mayores enfrentamientos se dieron la semana pasada entre musulmanes, hindúes y las fuerzas gubernamentales
