Por: Verónica Juárez Piña
El gobierno federal, representantes del sector laboral y de la a iniciativa privada, llegaron a un acuerdo que pretende regular la subcontratación, que será integrado a las iniciativas que ya se discuten en la Cámara de Diputados, entre ellas la presentada por el Ejecutivo Federal, y cuyo dictamen es probable que sea debatido y, en su caso, aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.
El acuerdo trilateral propone la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.
Así como la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Adicionalmente, sobre el tema de reparto de utilidades, para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, se propuso crear dos modalidades para su cálculo.
Si bien, desde el Grupo Parlamentario del PRD celebramos este acuerdo, puesto que la regulación del outsourcing es un tema que hemos venido planteando desde hace muchos años por las violaciones a los derechos de los trabajadores que esta figura implica, no estamos de acuerdo en que se afecte el monto de reparto de utilidades a las y los trabajadores.
Sobre este asunto hay discrepancias, porque mientras que la STPS sostiene que con la fórmula “se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”, el Consejo Coordinador Empresarial, firmante del documento, plantea que se determinó “limitar el reparto de utilidades”.
En nuestra opinión, disminuir el reparto de utilidades, sería un retroceso preocupante. La legislación vigente prevé que, una vez que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas fija cada año el porcentaje de éstas para tal efecto, la cantidad resultante en cada empresa se dividirá en dos partes iguales.
La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de sus salarios, y la segunda se repartirá en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado en el año.
El acuerdo sustituye estos criterios de reparto de utilidades por uno solo, consistente en tomar en cuenta únicamente los últimos tres meses de trabajo.
Es cierto que el outsourcing ha resultado sumamente lesivo para los trabajadores. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en México, el personal que trabaja bajo este esquema podría perder, en promedio, entre 41 y 58 mil pesos anuales en remuneraciones y entre 2 y 3 mil pesos en prestaciones, como consecuencia de la tercerización de sus labores. El Financiero, 03/03/2021.
En nuestro país, casi 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores están contratados bajo el modelo de terciarización.
Sin embargo, no hay que permitir que la regulación del outsourcing tenga como consecuencia la vulneración de los derechos de las y los trabajadores, y fundamentalmente una disminución de sus ingresos mediante la reducción del reparto de utilidades. Desde el GPPRD estaremos atentas y atentos de que esto no suceda.
