Por: Salvador Cosío Gaona
Una declaración al inicio de la semana pasada por parte del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, me vino a dar la razón en un tema en el que he venido pidiendo y exigiendo que se revise desde hace más de un año, cuando me involucré como candidato a la gubernatura del estado de Jalisco. El funcionario aceptó que “la mitad del crimen organizado se planea desde el interior de los penales del país debido a la corrupción en el sistema carcelario mexicano”.
El secretario, señaló que reconocer esa realidad no es denigrante para el actual gobierno de México, pues si bien no es responsable de haber generado esas condiciones tiene la obligación de construir, sin titubeos, la solución a esa problemática. “Lamentablemente los penales del país están marcados por la corrupción y esos altos índices de corrupción se traducen en que hoy, penosamente, 50 por ciento del crimen organizado se administre desde dentro de las instalaciones de los penales. Esto es un ejemplo del reto que tenemos enfrente”, puntualizó. Agregó que el gobierno no puede continuar ligado estructuralmente a la combinación entre corrupción e impunidad, porque a diferencia del pasado ahora existe voluntad política para erradicarlas. “Hay un trinomio inseparable: corrupción que deriva en impunidad e inevitablemente después viene la inseguridad”.
Así pues, se confirma lo que una y otra vez intenté visibilizar en mi calidad de candidato; incluso en alguna oportunidad presenté lo que era mi propuesta de Reinserción, Justicia y Derechos Humanos”, mientras urgía a las autoridades en turno del Estado a trasladar a reos de alta peligrosidad que se encuentran en diferentes cárceles de la entidad para concentrarlos en el reclusorio metropolitano de alta peligrosidad como lo establece la ley, además, me pronuncié por la construcción de un centro penitenciario para sentenciados de baja peligrosidad y la construcción del “Hospital Psiquiátrico Penitenciario”.
El tema es que no se pide nada extraordinario, al contrario es algo que está en la Constitución donde establece que los reos de delitos graves por delincuencia organizada deben estar en un reclusorio de alta especialización, de alta seguridad, y actualmente están en reclusorios de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán y el reclusorio preventivo aquí, cuando hay un reclusorio metropolitano de alta peligrosidad que está sub-utilizado y todos los reos de esta categoría que están en Guzmán, Vallarta y en el preventivo, deberían de pasarse de inmediato a este reclusorio metropolitano de alta seguridad.
Se está incumpliendo con esta medida constitucional del artículo 18 de la Carta Magna, no entiendo por qué no lo hacen, no hay una causa para no hacerlo y sí hay un motivo de ilegalidad, además esto genera el hacinamiento que tenemos en los reclusorios y la mezcla de los tres niveles de reos; la ley obliga a que los reos de alta peligrosidad, los vinculados al crimen organizado o a delitos graves de delincuencia organizada deban estar recluidos en establecimientos carcelarios de acuerdo a su condición, separados de los internos que son reinsertables a la sociedad o de mediana o baja peligrosidad y más aún separados de los inimputables.
En Jalisco se permite que las cárceles sean gobernadas por el famoso autogobierno, por los reos más importantes, con más poder económico y de fuerza y que desde ahí, los grupos, los capos, y las mafias armen, establezcan, proyecten y operen los asuntos que provocan desestabilización social por delincuencia.
Pero hay un tema que además está ahí, la gran falla del nuevo sistema de justicia penal adversarial que tiene situaciones que podrían verse como un avance pero que en los hechos ha sido una queja recurrente el que no ha funcionado.
Desde la campaña proponía establecer mesas de trabajo para revisar las fallas desde los diversos ámbitos del poder público; Poder Ejecutivo y Judicial, lo que les toca y no se ha hecho o se ha hecho mal.
Igualmente se hablaba de la necesidad de una coordinación y la unificación de mandos para evitar dispersión de recursos y de resultados y de la construcción de un Centro Penitenciario para sentenciados de baja peligrosidad y alto índice de reinserción (La Granja), un programa de empleo temporal para pos-liberados y pre-liberados, la implementación de un sistema de monitoreo por geolocalizador a pre-liberados, crear el instituto de Mandamientos Judiciales Ejecución de Penas y Medidas de seguridad.
Pero todo sigue igual, salvo que el número de víctimas a causa de la violencia, la inseguridad y la delincuencia incrementa de manera alarmante cada día, irremediablemente.
@salvadorcosio1
