Que las administraciones públicas ya no otorguen nombramientos definitivos a empleados cuando su deuda pública o privada ascienda al 50 por ciento y evitar así, que se colapsen sus finanzas, es la finalidad de la iniciativa de reforma a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que presentó el diputado Edgar Oswaldo Bañales Orozco y que el día de hoy, se aprobó en el Pleno del Congreso de Jalisco.
Esta propuesta explica que: los servidores públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado, que la naturaleza de sus funciones sean de base y que estén en servicio por seis años y medio consecutivos, o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo.
A excepción de los relativos al Poder Legislativo y a los municipios, a quienes se les otorgará dicho nombramiento cuando estén en servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos, en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses.
Quien otorgue un nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo y no tenga la capacidad requerida, será sujeto de responsabilidad penal administrativa, en los términos de la legislación en la materia
Además para hacer efectivo el nombramiento definitivo, se deberá acreditar lo siguiente: que permanezca la actividad para la que fue contratado el servidor público; que exista suficiencia presupuestal y quela plaza laboral esté vacante.
El diputado Bañales Orozco manifestó que esta iniciativa la presentó con el propósito de evitar que en los tres poderes de gobierno se deje de otorgar y crear nombramientos definitivos o empleos de base que afecten el presupuesto actual de la administración o de administraciones futuras.
Agregó que “esto aplicará cuando tengan comprometido su presupuesto financiero en un 50 por ciento, sea con deuda pública o privada. Con estas adecuaciones se pretende evitar el colapso financiero y el desastre administrativo derivado del impacto presupuestal, pero también evitar futuros laudos y pleitos judiciales que terminan ganando los trabajadores y que afectan las finanzas públicas”.
