En un reciente informe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la existencia de una reducción del 27% en el promedio diario de homicidios dolosos desde 2018 hasta el 27 de enero de 2025. Esta afirmación, respaldada por datos preliminares y presentada en la conferencia matutina, destaca los esfuerzos del Gabinete de Seguridad en la lucha contra la violencia en el país. Sin embargo, en medio de este optimismo, la realidad en estados como Sinaloa, Tabasco y Guanajuato plantea serias interrogantes sobre la efectividad de estas estrategias.
Desde su llegada al gobierno, Sheinbaum ha enfatizado la colaboración entre diversas dependencias del gobierno federal, asegurando que esta sinergia es fundamental para alcanzar resultados positivos. La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, complementó la información, señalando que la proyección de homicidios para enero de 2025 se sitúa en aproximadamente 73 diarios, un dato que, a simple vista, parece alentador.
Sin embargo, a pesar de estas cifras, la violencia cotidiana en estados como Sinaloa y Guanajuato contradice esta narrativa. Según el informe, el 53% de los homicidios dolosos se concentran en solo siete estados, siendo Guanajuato y Sinaloa dos de los más afectados. En el caso de Sinaloa, la presencia de grupos delictivos y la lucha por el control territorial continúan generando un clima de inseguridad que parece desafiar las estadísticas presentadas.
La crítica se intensifica al considerar que, mientras el gobierno federal se congratula por sus resultados, la percepción de inseguridad entre la población sigue siendo alta. En Tabasco, la violencia y los homicidios han registrado un incremento preocupante, lo que sugiere que la estrategia de seguridad podría no estar abordando las raíces del problema de manera efectiva.
A pesar de las detenciones y desmantelamientos reportados, como la captura de Joel “N”, un operador del fentanilo en Sinaloa, la pregunta persiste: ¿son estas acciones suficientes para revertir un ciclo de violencia que ha permeado en la sociedad mexicana?
Desde el ámbito gubernamental, se sostiene que la coordinación entre diferentes niveles de gobierno es clave para combatir el crimen organizado, pero la realidad en el terreno sugiere que la violencia no solo es un problema de cifras, sino de contextos sociales, económicos y culturales que continúan sin ser abordados en su totalidad.
En conclusión, si bien es cierto que los informes de reducción en homicidios pueden servir como un indicador positivo, la situación en estados como Sinaloa, Tabasco y Guanajuato revela un panorama más complejo. La crítica hacia la estrategia de seguridad debe ir más allá de las estadísticas, exigiendo un enfoque integral que realmente aborde las causas estructurales de la violencia en México.
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