Por: Verónica Juárez Piña
Casi en la clandestina y a media noche, Jaime Bonilla Valdez tomó posesión como gobernador de Baja California este 1 de noviembre. Lo hizo por cinco años, amparado en la reforma a la Constitución del estado, auspiciada por ex diputados locales que se asumieron como sus cómplices de este atropello constitucional y legal.
Bonilla Valdez fue electo por dos años el 1 de junio de 2019, pero promovió una reforma a la constitución local, la llamada Ley Bonilla, para ampliar su periodo a cinco años.
La reforma recibió un alud de críticas porque violentó la Constitución de la República y atropelló la democracia y la voluntad de 382 mil 308 ciudadanas y ciudadanos de Baja California que votaron por él. Ante los cuestionamientos, Bonilla pretendió legitimar la reforma con una encuesta amañada, con preguntas dirigidas, manipuladas, y un reducido número de participantes. Sólo fueron encuestadas 1500 personas, muy lejos del 79% de votantes con el que ganó la elección.
Sin embargo, aunque Bonilla Valdez haya tomado protesta por un periodo de cinco años, no debería echar las campanas al vuelo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no resuelve las acciones de inconstitucionalidad presentadas en su contra.
La SCJN ya admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos en contra de la reforma que amplía a cinco años el mandato de Bonilla Valdez, a pesar de que sólo fue electo por 2 años.
Una de las acciones de inconstitucional admitidas por la Suprema Corte fue presentada por la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la que se fundamenta un cúmulo de inconsistencias legales cometidas por parte del Congreso de Baja California y del ahora gobernador, con el apoyo de las autoridades locales y federales.
Así que al tomar posesión por cinco años Bonilla incurre de nueva cuenta en una violación flagrante a la Constitución de la República y demuestra de nueva cuenta su desprecio por la legalidad, por las y los ciudadanos de Baja California y por quienes votaron por él. Pero no se saldrá con la suya.
De acuerdo con la resolución de la SCJN al admitir a trámite los recursos contra Bonilla, el hecho de que el gobernador entre en funciones al tomar protesta, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma –en referencia a la Ley Bonilla-, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas.
Es decir, en virtud de que Bonilla fue electo para dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene tiempo para pronunciarse sobre la validez de la Ley Bonilla, que amplía su mandato a cinco años.
Así que seguiremos insistiendo para evitar que Jaime Bonilla atropelle la Constitución de la República y el mandato de las y los ciudadanos de Baja California.
Igualmente, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados insistirá en llevar a juicio político a los ex diputados locales de Baja California que aprobaron la Ley Bonilla, a pesar de que la Subcomisión de Examen Previo, que preside Morena -y en donde tiene mayoría-, partido al que pertenece Jaime Bonilla, la rechace.
Es lamentable que las y los diputados de Morena avalen este tipo de violaciones constitucionales. Incurren en las mismas prácticas del régimen priista que tanto critican.
