En conferencia de prensa, la diputada Rocío Corona Nakamura dio a conocer la iniciativa de su autoría, que propone crear la Ley de Ciudades y Ordenamiento Territorial y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y reforma diversos artículos del Código Penal, todos ordenamientos invocados del Estado de Jalisco; y plantea abrogar el Código Urbano para estar acorde a los nuevos retos que exigen cristalizar el humanismo en las ciudades de Jalisco.
Según datos del INEGI, en el año 2015, de los 7 millones 844 mil 830 habitantes de Jalisco, el 87 por ciento vive en localidades urbanas, y el 13 habita localidades rurales; el Estado se encuentra por arriba de la media nacional que es del 78 por ciento en población urbana.
Jalisco se ha ido transformando de un entorno rural a un sistema de ciudades; el crecimiento urbano está desequilibrado, siete de cada diez habitantes viven en el Área Metropolitana de Guadalajara. “Vivir la ciudad llegando tarde, peleando un espacio en el camión; saliendo de madrugada para regresar en la noche; es aquí cuando se valora la dimensión humana de la planeación o desorden urbano”, expuso la legisladora.
Esta reglamentación contempla la figura de “Gobernanza Metropolitana” como una nueva forma de gestión urbana que se sustentará en tres columnas principales: gobierno, ciudadanía y territorio. “La finalidad es construir consensos sociales para lograr la ciudad que todos queremos; empujar parejo, gobierno y sociedad, para que cada quien haga lo que le toque hacer, que sea la gente se involucre en su planeación de la ciudad”.
Quedará estrictamente prohibido vender terrenos y edificar en zonas de riesgo expuestos a inundaciones, deslaves, y fallas geológicas; se sancionará con cárcel y se aplicará una pena de cinco a trece años de prisión y multa por el importe de veinte a cuatrocientas unidades de medida y actualización ha quien incurra en este delito.
Esta iniciativa de ley va en concordancia con la Nueva Agenda Urbana en México donde se propone establecer los lineamientos para la solución de la problemática en materia de desarrollo urbano. Se debe estimular desde la Ley de Ciudades y Ordenamiento Territorial políticas públicas en Guadalajara, para promover la ocupación de vivienda usada y la construcción de nueva; partiendo del hecho de que este municipio tiene mejores servicios públicos que la mayoría de los municipios periféricos.
La diputada plantea diversas acciones para promover el desarrollo sustentable; pide demoler estructuras que violen el uso del suelo; se clausuren los giros que contravengan la zonificación urbana; se deje atrás la mala calidad de los servicios urbanos concesionados, como: transporte, manejo de residuos, verificación y control de emisiones contaminantes, entre otros; así como se privilegie el rescate del espacio público atendiendo las necesidades de las ciudades.
Entre las disposiciones que contempla esta iniciativa se encuentran: abrogar el Código Urbano del Estado de Jalisco, con sus modificaciones, reformas y adiciones, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” mediante decreto 22273/LVIII/08 de fecha 27 de septiembre de 2008; y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente decreto.
Se establece que en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la ley, los municipios deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. Los planes y programas de desarrollo urbano aplicables a su fecha de entrada continuarán vigentes hasta su terminación temporal, pero deberán sujetarse al procedimiento de actualización conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.
Los Consejos de Desarrollo Urbano que se encuentren integrados conforme a lo dispuesto en el Código Urbano del Estado de Jalisco pasarán a ser Consejos de Ciudad y Ordenamiento Territorial o Metropolitanos de Ciudad y Territorio, en el nivel que corresponda. La tarea del Ejecutivo Estatal será la de emitir, en un plazo no mayor de seis meses, las normas reglamentarias para este ordenamiento.
Contempla además, que los proyectos de urbanización, los fraccionamientos, condominios y proyectos de construcción que a la fecha de entrar en vigor este Decreto se encuentren en cualquier fase de autorización o ejecución, seguirán desarrollándose observando las normas contenidas en las leyes vigentes al momento de iniciar su procedimiento de autorización o ejecución.
Los urbanizadores que estén tramitando la autorización de acciones urbanísticas o los promoventes de proyectos de edificación, podrán optar por continuar su procedimiento, o bien, presentar una nueva solicitud conforme las disposiciones del nuevo ordenamiento. Por su parte, el Procurador de Desarrollo Urbano deberá continuar en su cargo por el tiempo por el que fue nombrado.
