El pasado primero de julio las y los mexicanos vivimos uno de los episodios más exitosos de nuestra historia democrática. La Jornada Electoral fue una auténtica fiesta cívica en la que las y los ciudadanos pudieron expresarse y votar en todo el país con plena libertad por la opción política de su preferencia.
Más de 56 millones y medio de mexicanos acudieron ese día a emitir su sufragio en libertad. Ello fue posible porque a lo largo del último año el INE ha venido construyendo las condiciones, con apego a los principios constitucionales, para que el día de la elección las y los ciudadanos pudieran ejercer su voto de manera autónoma. El mandato ciudadano expresado en las urnas ha sido claro y contundente; el INE no sólo lo respeta sino que, como garante de los derechos políticos de las y los mexicanos, va a defenderlo hasta sus últimas consecuencias.
Para el INE, el resultado de las votaciones es incuestionable y es precisamente la calidad de la elección y la transparencia con la que éstas se llevaron a cabo lo que dotará de plena legitimidad democrática a quienes ocuparán en breve, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones que se han presentado y califique las elecciones, los cargos de elección popular para los que han sido electos.
Es cierto que está pendiente la conclusión de las revisiones de los informes financieros de las campañas, mismos que prevemos conocer en la sesión del Consejo General del próximo 6 de agosto; pero más allá de ello, el resultado electoral es indubitable y ha merecido el reconocimiento de todos los contendientes y actores políticos.
Paralelamente a las elecciones, en sus funciones relacionadas con la rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo General, resolvió la semana pasada varios procedimientos administrativos respecto de quejas, en materia de ingresos y gastos, presentadas por diversos partidos políticos.
Es en ese contexto en donde se circunscribe el caso del fideicomiso “Por los demás”, que implicó una sanción al partido político Morena, entre otros procedimientos que supusieron también multas al PRI y al PAN.
