Debido a la reciente reforma a los artículos 12, 57 y 111 de la Constitución Política, y cuya iniciativa es conocida como: “topes salariales, que nadie gane más que el gobernador”; la diputada María del Rocío Corona Nakamura plantea adicionar el artículo 92 Bis a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y realizar adecuaciones a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y del Código Penal, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco.
La finalidad es penalizar a los integrantes del Congreso del Estado y ayuntamientos que aprueben en los presupuestos de egresos, remuneraciones para los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política.
La sanción va desde destitución del cargo e inhabilitación para ejercer otro empleo o comisión dentro el servicio público por un término de tres años. La penalidad se aplicará al funcionario que reciba una remuneración superior a la que por ley le corresponde; y el excedente del salario, deberá reintegrarse al erario público por concepto de pago de los daños y perjuicios causados por la conducta indebida.
También se adiciona la fracción XXIII al artículo 146 del Código Penal, a fin de equiparar el fraude a las políticas salariales al delito de abuso de autoridad. Por este delito se sancionará al servidor público que reincida en aprobar en los presupuestos de egresos, remuneraciones para los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución local, con una penalización de uno a cinco años de prisión.
